.jpg)
La Cámara Federal de Casación Penal postergó la audiencia que estaba prevista para este lunes en la que iba a tratar qué juez debe investigar la mansión de Pilar que se le atribuye al tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Pablo Toviggino .
El motivo de la suspensión es que primero el tribunal debe resolver un pedido de recusación que se presentó contra Ángela Ledesma , una de las juezas de la Sala I de Casación que interviene en el caso, informaron a Clarín fuentes judiciales.
Pero previo a la suspensión, las partes plantearon sus posturas. Lo hicieron mediante escritos. El fiscal general de Casación Mario Villar opinó que la causa debe volver al primer juez que la tuvo: el magistrado federal Daniel Rafecas, quien allanó la propiedad en diciembre pasado.
Y la defensa de Luciano Pantano y su madre jubilada Ana Lucía Conte -quienes figuran como propietarios pero no tiene la capacidad económica para adquirirla- que continúe donde se encuentra ahora que es en el juzgado federal de Campana, a cargo del juez Adrián González Charvay .
Esos planteos podrán ser resueltos una vez que se define si Ledesma continúa en la causa. La líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió , recusó a la jueza para que se aparte del caso porque integró el Tribunal Superior de Justicia de Santiago del Estero, provincia base de Toviggino, donde también dio clases en la Universidad Católica.
Ledesma rechazó la recusación. En un informe que presentó en la causa sostuvo que no hay ningún vínculo con el expediente de su rol institucional en la justicia de Santiago del Estero y que haya dado clases, lo que ocurrió hace 20 años.
Cuando eso esté definido, la Sala I de la Casación quedará en condiciones de resolver. Eso estará a cargo de los jueces Javier Carbajo, Mariano Borinsky y eventualmente de Ledesma.
La que está en juego es qué juez debe investigar la causa, algo que se transformó en un laberinto de expedientes y de magistrados que llegó hasta la Cámara de Casación, donde este lunes las partes hicieron sus planteos.
La defensa de Pantano y Conte, a cargo del abogado Mariano Morán , sostuvo que debe seguir en la justicia de Campana porque esa es la jurisdicción de la causa de Pilar y por lo tanto de allí es la competencia. Pero además, la defensa criticó que Casación haya aceptado tratar el tema porque no hay una arbitrariedad ni un caso federal para que el tribunal intervenga.
Por su parte, Villar entendió que el caso debe volver al juez Rafecas. Si bien la disputa es entre González Charvay y el magistrado en lo Penal Económico Marcelo Aguinsky , el fiscal Villar entendió que debe ser ese magistrado quien investigue la denuncia porque es el que tiene la competencia para investigar el delito de lavado de dinero.
La causa se inició en diciembre pasado por una denuncia de la Coalición Cívica para que se investigue por presunto lavado de dinero la propiedad de 105 mil metros cuadrados con helipuerto, cancha de paddle, haras y múltiples viviendas . Quedó a cargo de Rafecas que la allanó, secuestró 54 autos de lujo y colección y ordenó tasarla, lo que arrojó un valor de 17 millones de dólares.
Pero luego pasó al juez Aguinsky que planteó como hipótesis que el dinero para comprar la vivienda provenía de una administración fraudulenta contra la AFA. La vivienda está a nombre de Luciano Pantano y su madre jubilada Ana Lucía Conte . Pero ninguno de los dos tiene la capacidad económica para esa compra. La sospecha es que es de Toviggino.
Cuando la casa fue allanada se encontró un bolso de la AFA y una plaqueta del club Barracas Central -del presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia - a nombre de Toviggino y los autos tenían cédulas azules -que autorizan a manejarlos- a nombre de familiares del tesorero. Además, una medida del juez Aguinsky determinó que Pantano tenía a su nombre una tarjeta corporativa de la AFA con la que gastaba 50 millones de pesos por mes. Entre esos gastos estaban los Telepase de los autos de la mansión.
Pero Pantano y Conte se presentaron en la justicia de Campana y pidieron que la causa pase ahí. Alegaron que la casa está en Pilar y por lo tanto corresponde que el caso se investigue en esa jurisdicción que el corresponde al juzgado de Campana. González Charvay compartió el criterio y le pidió la causa a Aguinsky, que lo rechazó. El juez de la Cámara Federal de San Martín Alberto Lugones ordenó que vaya a Campana.
Pero eso fue apelado por el fiscal general de la Cámara de San Martín, Carlos Cearras , y llegó a Casación que aceptó tratar el planteo. Así, las partes tienen que opinar. Ya lo hizo el fiscal Villar.
El fiscal criticó duramente que el caso haya pasado a Campana. Sostuvo que el trámite empezó con un correo electrónico de la defensa de Pantano que se habilitó tratar durante la feria judicial de enero "en forma irregular por carecer de urgencia" . Explicó que esa no es manera legal de iniciar un expediente y que eventualmente debió ser presentado ante el juez Penal Económico que tenía la causa. Así, para el fiscal se afectó el principio de juez natural.
"Resulta tan sorprendente comenzar una causa con un correo electrónico proveniente de una persona sindicada, prima facie como testaferro, para así poder canalizar una cuestión de competencia en esa sede y querer con ello absorber la causa de otra jurisdicción territorial donde realmente había una causa penal en curso y avanzando con medidas de prueba trascendentes, que amerita volver a destacarlo", resaltó el fiscal.
También explicó que no corresponde el argumento de que la AFA tiene su sede en Pilar, como planteó Lugones en su fallo. Para Villar hubo un "un análisis parcial, aislado y segmentado de las constancias acreditadas en la causa" porque la sede de la entidad está en la ciudad de Buenos Aires.
En otro de sus argumentos, Villar sostuvo que la decisión del cambio de juzgado fue " prematura " porque Aguinsky tenía su investigación con medidas de prueba en marcha: "Es así que aún restan realizar múltiples medidas de prueba y otras que se encuentran pendientes de finalización", señaló.
Así entendió que la causa debe volver a la ciudad de Buenos Aires pero a la justicia federal. Si bien, tanto el fuero Penal Económico como el federal pueden investigar casos de lavado de dinero, para Villar este último -por fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación "ha resuelto asignar competencia a la Justicia Federal y no al Fuero Penal Económico en el ámbito de esta ciudad".
El fiscal reconoció que la disputa de competencia es entre González Charvay y Aguinsky, por lo que planteó en su escrito que si Casación no comparte el criterio que la causa debe volver a Rafecas, solicitó que quede a cargo de Aguinsky. O como tercera opción que sea la Cámara Penal Económico la que resuelva.
Redactor de la sección Política
Fuente: 
Clarín
GENERAL JUAN MADARIAGA El Tiempo
المشاركات
Redes