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BRASILIA.– La tensión en Brasilia es una vibración contenida que parece estar al borde de estallar. En la capital de Brasil, todos los ojos se posan sobre un lugar exacto: la sede de la Superintendencia de la Policía Federal.
Allí, en una sala de 12 metros cuadrados que meses atrás custodió al expresidente Jair Bolsonaro, se define el futuro de una crisis que mantiene en vilo al gobierno del presidente Luiz Inacio Lula da Silva y a todos los poderes de la República.
El hombre en el centro de esta tormenta es Daniel Vorcaro, el dueño del ahora colapsado Banco Master, quien permanece preso preventivamente desde el 4 de marzo mientras negocia un acuerdo de colaboración premiada que podría dinamitar el tablero político.
Bajo su gestión, el Master no operaba como una entidad financiera de ahorro tradicional, sino que se convirtió en una sofisticada maquinaria de construcción de poder -con lazos con figuras encumbradas de los tres poderes- y en un motor de liquidez que carecía de respaldo real en sus operaciones.
Diseñado para succionar recursos del sistema previsional a través del Instituto Nacional de Seguridad Social (INSS), el desvío se estima en 57.000 millones de reales -unos 10.900 millones de dólares-, lo que lo posiciona como el caso Master como el mayor escándalo de corrupción y desvíos de la historia del sistema bancario de Brasil.
“El caso Master tiene el potencial de sacudir las estructuras de la república brasileña”, explica a LA NACION el analista político Murilo Medeiros, docente de la Universidad de Brasilia (UnB). Según su visión, Brasil está ante una crisis que “dejó de ser meramente financiera y pasó a ser política”, lo que alimenta un discurso de compromiso sistémico que ha logrado sentar en el banquillo de las sospechas, inclusive, al árbitro supremo: el Supremo Tribunal Federal (STF).
Este escenario de colaboración premiada que tienen en vilo a los poderes evoca inevitablemente los fantasmas de la Operación Lava Jato, pero con un potencial todavía más destructivo, según analistas consultados por LA NACION. Si aquella investigación desnudó el financiamiento espurio de la obra pública, la delación de Vorcaro apunta directamente también al corazón del sistema judicial y a la ingeniería financiera del poder.
Para ocultar su insolvencia técnica, la organización recurría a la inserción de datos falsos en sistemas de informática y a la falsedad ideológica, permitiendo que el banco funcionara como una fachada de liquidez mientras drenaba a los sectores más vulnerables. Lo que permitió que este esquema operara bajo el radar fue un sofisticado blindaje.
La red de influencias del banquero caído en desgracia no conocía fronteras ideológicas ni lealtades partidarias, con lazos en todo el arco político de Brasilia.
Esta dinámica explica por qué la crisis golpea por igual a ambos lados de la grieta brasileña: mientras el oficialismo intenta encapsular el escándalo como una herencia de la gestión anterior, las pruebas documentales ya alcanzan a políticos del Centrão, como Ciro Nogueira, el exministro de la Casa Civil durante la gestión de Bolsonaro, el exministro de Justicia de Lula, Ricardo Lewandowski, y magistrados de diversos perfiles.
Actualmente, Vorcaro, acusado de prácticamente una decena de delitos, entre ellos robo calificado mediante fraude, lavado de dinero y organización criminal, negocia su colaboración premiada con el gabinete del juez André Mendonça, del STF.
La llave maestra de esta delación está en que Vorcaro pueda aportar nombres, documentos y pruebas novedosos, que se sumen al arsenal de contenido en los más de 100 teléfonos celulares incautados durante la investigación que guardan la memoria técnica de estas maniobras.
El contraste entre la celda de hormigón de Vorcaro y su vida anterior es abismal. Hasta hace poco, el banquero era el símbolo de lujo, capaz de pagar 50.000 reales la noche en hoteles de Nueva York o celebrar fiestas privadas de 40 millones de dólares con la banda británica Coldplay en Sicilia, según la prensa brasileña.
En el Palacio del Planalto, Lula califica el caso como el “huevo de la serpiente” heredado de la gestión anterior, pero la sombra del escándalo ya alcanza a su propia familia. La comisión parlamentaria que investiga el fraude al INSS ha detectado nexos entre las empresas de su hijo Fabio Luis Lula da Silva, “Lulinha”, y la estructura financiera de Vorcaro. Para el presidente, la independencia técnica de la Policía Federal para investigar a su hijo se ha convertido en una herida política profunda en pleno año electoral.
Creomar de Souza, CEO y fundador de la consultora de análisis política Dharma en Brasilia, observa que este escenario ya tiene un costo tangible para el Planalto: “Ya existe una complicación electoral que se manifiesta en este malestar, en esa sensación de desgaste que surge en las evaluaciones del gobierno”. La crisis, según de Souza, colocó al STF en el mismo nivel que el resto del ecosistema político.
El juez del STF Alexandre de Moraes aparece cuestionado tras detectarse mensajes directos con Vorcaro el día de su detención y por contratos por hasta 129 millones de reales con el estudio de su esposa, Viviane Barci, con el banco Master.
El juez Dias Toffoli, también del máximo tribunal, abandonó la relatoría tras revelarse negocios de su familia con el Master, mientras que el magistrado Kassio Nunes Marques, apuntado por Bolsonaro para la Corte, también es salpicado por pagos de una consultora a su hijo.
De Souza revela que, puertas adentro del tribunal, existe una correlación de fuerzas favorable a proteger a los jueces involucrados. El consultor es preciso sobre el equilibrio de fuerzas en la corte: “Existe una posición de ocho contra dos en el STF en lo que respecta a la protección de los ministros involucrados”. Para intentar recuperar su legitimidad, el STF ha pasado a una ofensiva de “agenda positiva”, tratando temas populares para distraer la atención pública. Sin embargo, el CEO de Dharma advierte que el tribunal tendrá que tomar medidas más drásticas para sanar su imagen.
La desconfianza institucional es hoy el denominador común en una Brasilia que observa cómo varias de sus figuras más poderosas quedaron atrapadas en el escándalo. El factor más volátil en este tablero es el tiempo. Los investigadores calculan una ventana de apenas seis meses para procesar la colaboración antes de que las presidenciales de octubre contaminen irremediablemente el proceso.
Medeiros es tajante sobre el impacto electoral, advirtiendo que cuando la corrupción domina el noticiero, el panorama es devastador para quien ocupa el poder. Según el analista, esto favorece candidaturas opositoras porque “Lula hoy representa al sistema”. El hecho de que la disputa hoy muestre al presidente en un empate técnico con el senador e hijo del expresidente Flavio Bolsonaro añade una capa de preocupación adicional en el Palacio del Planalto.
La conclusión del analista político de la Universidad de Brasilia es una advertencia sobre el clima que encontrará el votante en las urnas: “El voto deja de ser apenas una elección entre programas de gobierno y pasa a representar un gesto de reacción”.
En este contexto, el caso del Banco Master deja de ser una quiebra financiera para convertirse en el catalizador de una nueva era de desconfianza hacia las élites. Vorcaro conserva, desde su celda de hormigón, el poder de decidir quiénes lo acompañarán en el naufragio que mantiene en vilo a todos los poderes.
Fuente: 
La Nación
GENERAL JUAN MADARIAGA El Tiempo
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