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Condenaron al Estado argentino por la muerte de una nena en 1996


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La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) declaró responsable al Estado argentino de la muerte de Marcela Brenda Iglesias Ribaudo, la niña de 6 años que murió en 1996 tras ser aplastada por una escultura de hierro durante una excursión escolar en el Paseo de la Infanta, en el barrio porteño de Palermo. El tribunal internacional difundió este lunes la sentencia en el marco de la demanda impulsada por los padres de la víctima, Eduardo Iglesias y Nora Ribaudo, quienes llevaron el caso al sistema interamericano luego de que la causa quedara sin responsables condenados en la Justicia argentina.

La nena murió al quedar debajo de una escultura metálica de casi 300 kilos que se desplomó sobre ella. Con el paso del tiempo, el lugar fue rebautizado con su nombre en forma de homenaje.

Por unanimidad, la Corte determinó que el Estado argentino es responsable por "la violación de los derechos a la vida, a la integridad personal y a los derechos de la niñez". Además, concluyó que también se vulneró la integridad personal de los familiares de la víctima y el derecho a la protección de la familia.

Entre las medidas de reparación ordenadas, el tribunal dispuso que el Estado realice un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional y ofrezca disculpas públicas por lo ocurrido. 

El fallo establece además la creación de un espacio memorial y recreativo dedicado a la niñez y la adolescencia en homenaje a Marcela Iglesias, siempre que sus padres manifiesten previamente su interés en la iniciativa. A su vez, el Estado deberá elaborar y publicar una compilación de la normativa aplicable vinculada al caso.

La sentencia incluye también el pago de indemnizaciones por daño material, el reintegro de costas y gastos judiciales y la devolución al Fondo de Asistencia Legal de Víctimas de los recursos utilizados durante el proceso.

Finalmente, la Corte resolvió -por cinco votos a favor y uno en contra- que supervisará el cumplimiento de la sentencia hasta que el Estado acredite haber adoptado todas las medidas ordenadas. Para ello, el Gobierno argentino contará con un plazo de un año desde la notificación del fallo para presentar un informe sobre los avances en su implementación.

Un caso impune durante 30 años

A pesar de la gravedad del hecho, la muerte de Marcela Iglesias nunca tuvo responsables condenados. Entre los imputados figuraban la galerista Diana Lía González de Lowenstein, el autor de la escultura Danilo Danziger -fallecido en 2013-, y varios funcionarios del Gobierno porteño.

La investigación avanzó durante años, pero nunca llegó a la instancia de juicio oral. Cada vez que el expediente quedaba en condiciones de ser debatido, las defensas presentaban nuevas apelaciones que eran admitidas por los tribunales.

En 2006, la aplicación de la Ley 25.990, que redujo los plazos de prescripción, terminó por cerrar definitivamente el caso en la Justicia argentina.

Tras agotar todas las instancias judiciales en el país, la familia recurrió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que admitió el caso en 2017. En agosto de 2025, los padres viajaron a Costa Rica para exponer su testimonio ante los jueces del tribunal. 



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