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La política salarial del gobierno santafesino para con los agentes estatales terminó de detonar en los últimos días con una protesta policial que se inició en Rosario , tras el suicidio de un efectivo frente a la Jefatura, y escaló luego de un anuncio de diferentes mejoras laborales, entre ellas salarial, pero sólo para un sector de la fuerza. Hay preocupación por cómo el conflicto puede afectar la seguridad pública en una ciudad que ha padecido en los últimos años recurrentes emergencias.
Este lunes por la noche, efectivos de alta jerarquía desalojaron a oficiales, allegados y familiares que, según el gobierno, impedían la salida de móviles en el portón principal de la sede de la Unidad Regional II , lo que atizó el fuego del reclamo y generó el respaldo de las "fuerzas de calle" que, paradójicamente, son las más beneficiadas por las mejoras anunciadas la semana pasada.
Tras una madrugada de tensión, el Ejecutivo llamó este martes a una conferencia de prensa para anunciar el pase a disponibilidad de “al menos” veinte policías identificados , a la vez que el ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, informó que se le pediría al Ministerio Público de la Acusación (MPA) que investigue "posibles ilícitos penales”.
Cococcioni advirtió que el gobierno no tolerará que “se use a la institución policial para minar la política de seguridad”.
En los últimos días el gobierno provincial había salido a promocionar que enero pasado fue el mes con menos homicidios dolosos en este siglo en territorio santafesino, lo que adjudicó en gran medida al accionar policial.
Esta pacificación, en el marco del Plan Bandera que Santa Fe implementa en junto ca Nación, también fue celebrada por la ministra Alejandra Monteoliva.
La posibilidad de que los federales se encarguen de reemplazar a la fuerza provincial si el conflicto escala era una de las versiones que circulaba este martes en los piquetes, que se sostenían en algunas de las principales ciudades de Santa Fe.
Para poner en perspectiva el aumento anunciado la semana pasada para las fuerzas de calle, en el caso de los efectivos de Gran Rosario y el Gran Santa Fe la mejora salarial los lleva a cobrar más que los integrantes de fuerzas federales que actúan en territorio santafesino.
Pero no alcanzó para contener la bronca ya que los policías recordaron que la mejora no alcanzaba a trabajadores del 911, técnicos ni bomberos, entre otros.
“Vamos a cuidar la política de seguridad que le devolvió la paz a los santafesinos”, dijo este martes Cococcioni, quien se refirió a “grupos marginales y desplazados de la Policía que no se resignan a que han perdido la posición de poder y privilegio que ostentaban en otro momento" y que se habrían aprovechado de un "reclamo legítimo por mejores condiciones laborales”. Esos sectores, dicen ese el gobierno, aportan “mayor irascibilidad” a la protesta.
“Se montaron grupos con intereses particulares y sectoriales que promovieron acciones violentas y antijurídicas, instigaron al personal policial y difundieron fake news a través de redes sociales y chats internos, con el objetivo de desestabilizar el despliegue preventivo”, describió el ministro.
También dijo que el jefe de Policía ya inició las actuaciones administrativas con el apoyo de la Subsecretaría de Control y que a los efectivos separados se les retiró el arma reglamentaria y chaleco antibalas.
A su vez, el ministro señaló que, en caso se la comisión de delitos cuando la seguridad esté afectada por falta de patrullaje, estos efectivos serán sometidos a una acusación penal.
En ese sentido, el MPA informó que se abocarán “al análisis de las actuaciones en aquellos casos en que la conducta desplegada por el personal policial haya comprometido la seguridad pública , particularmente si se hubiere producido un hecho delictivo que pudo haberse evitado con la normal prestación del servicio”.
Ante consultas sobre posibles cambios en la conducción de la Policía, Cococcioni respaldó al jefe de la fuerza, Luis Maldonado; y al de la Unidad Regional II, Guillermo Solari.
El deterioro en las condiciones de trabajo de los policías, especialmente de quienes se desempeñan en Rosario, se podía observar en los últimos meses en la autopista que conecta Rosario con Santa Fe con una curiosa postal: oficiales haciendo dedo para regresar a sus hogares del norte santafesino tras cumplir con su trabajo en la ciudad más grande de la provincia.
Por eso el gobierno santafesino anunció el viernes último que "habrá transporte gratuito para el personal policial, con más destinos y mayores frecuencias en los recorridos actuales", y también " alojamiento gratuito en Rosario y Santa Fe para efectivos con residencia en otras localidades, en condiciones equivalentes a las que hoy reciben las fuerzas federales desplegadas en territorio provincial”.
Pero el conflicto estalló por la problemática de la salud mental. Sólo en Rosario hubo 25 suicidios de policías provinciales y federales en 2025. Y en el último mes y medio, al menos cuatro efectivos santafesinos se quitaron la vida, entre ellos Maximiliano Trujillo, de la comisaría 15ª, el 31 de enero pasado en el barrio Plata.
Dos días después, Oscar Valdez, un efectivo que estaba con licencia por “carpeta médica”, le sacó el arma a una compañera y se gatilló frente a la Jefatura. Su muerte generó el primer piquete frente a la sede de la regional, el cual se repitió al día siguiente, luego de un imponente acompañamiento de patrullas de los restos del oficial fallecido hacia la ciudad de Vera, de donde era oriundo.
El gobierno había intentado retomar la iniciativa el mismo martes 3 de febrero al reconocer que 560 efectivos reciben asistencia psicológica . “Nosotros tenemos que pensar en el bienestar del funcionario, pero también en la seguridad de la sociedad. En definitiva, son 25 mil policías los que tienen que salir a las calles con un arma en la cintura a cuidar a la gente. Tenemos que ser muy rigurosos sobre a quién ponemos en esa situación”, había dicho entonces Cococcioni.
Y tres días después, ya con la protesta lanzada y las negociaciones en marcha, el gobierno anunció que pondría “en marcha un programa de cobertura integral de salud mental sin costo ni coseguro" y que la iniciativa "incluirá atención profesional, provisión farmacológica y acompañamiento al grupo familiar”.
En la noche del jueves, cuando la protesta escalaba y aún no había anuncios, el gobernador Maximiliano Pullaro aseguró que “no hubo abandono de tareas por parte de la policía”, que la cantidad de policías en las calles se mantuvo y que se había reforzado en Rosario con efectivos de otros lugares de la provincia.
“No tenemos problemas en dialogar, lo que sí no aceptamos es la extorsión, de que te paren la ciudad y te dejen libe rada la zona, porque ya estamos hablando de delito”, dijo una fuente del Ejecutivo provincial.
Uno de los voceros de la protesta, el abogado Gabriel Sarla, repite ante cada medio de prensa que los policías "no llegan a mitad de mes con el sueldo”.
“El conflicto tomó una escala que no queríamos. Desde el miércoles llevamos un reclamo pacífico en la vereda”, dijo el portavoz y remarcó: “Anoche (por este lunes) hubo un hecho desafortunado , el jefe policial (Luis) Maldonado, en un momento de arrebato y locura, decidió reprimir a compañeros y familiares de compañeros”.
“Hay una embarazada afectada con gas pimienta y una mujer grande herida. Los policías tuvieron que defender a sus familiares”, dijo sobre las agresiones y empujones que se pudieron ver en videos que viralizaron los propios policías aportados en avenida Ovidio Lagos al 5200.
Sobre los motivos de la protesta dijo que se hay una "cadena de cuestiones" que derivó en esta situación y fue tajante: “Solicitamos que el aumento sea para toda la policía y no para algunos. Salieron con un paquete de medidas de un momento para otro, intentaron dividir”.
Mientras que desde Seguridad responden: “No pueden cobrar lo mismo los que arriesgan la vida en Rosario o en Santa Fe que los que trabajan en otras unidades regionales”.
Apenas asumió, el gobernador Pullaro hizo cambios en el alojamiento de los detenidos de alto perfil en las cárceles y empoderó a los policías en su campaña electoral: “Voy a jerarquizarlos, mejorándoles los salarios, con cláusula gatillo, comprándoles uniformes nuevamente, dándoles equipamiento, capacitación y respaldo político”.
En marzo de 2024, luego de que narcos detenidos en el penal Piñero denunciaron torturas tras una balacera contra un colectivo penitenciario, se cometieron cuatro asesinatos de cuatro efectivos mientras desempeñaban sus tareas, lo que llevó a Rosario a los medios de todo el mundo.
El Plan Bandera pacificó la ciudad y corrió al tema seguridad de la agenda mediática, aunque se mantuvo entre las principales preocupaciones de los vecinos, según las encuestas, lo que transformó a la “administración del delito” en el principal capital político de Pullaro.
También se procuró desfederalizar el narcomenudeo a través de la creación de la unidad especial de microtráfico en el MPA y así “controlar” el accionar, a veces recaudatorio, de policías provinciales.
Con la tasa de homicidios en baja, más allá del repunte que tuvo en 2025, el tema narco apareció en casos como el doble crimen de los líderes de la barra de Central, Andrés “Pillín” Bracamonte y Daniel “Rana” Attardo, en el que comenzó a agitarse un presunto apoyo político para que la banda de Los Menores se quedara con el territorio que alguna vez perteneció a Los Monos.
La misma problemática también se hizo pública por conflictos entre diferentes facciones enfrentadas dentro de la barra de Newell’s, a veces con los actores repetidos en la pesada canalla.
Esta aparente “pax romana”, que describen algunos sectores de la oposición en momentos en que los índices delictivos se mantenían a la baja, comenzó a estallar por los aires en noviembre pasado, con la detención de la mayor parte de la plana mayor de la Jefatura de Rosario por el robo del combustible de las patrulla s: el entonces jefe Daniel Acosta y más de una decena de comisarios terminaron acusados por corrupción.
No pocos conocedores del mundo delictivo vincularon este caso con el repunte de la violencia asociada al narcotráfico que se produjo en diciembre pasado, cuando hubo 11 asesinatos.
Mientras los homicidios se mantenían fuera del radar de los medios, ocuparon su lugar las narcoavionetas . Hubo seis episodios similares en 2025 en el sur santafesino y el norte bonaerense que terminaron por consolidar una nueva ruta: la triangulación de cocaína boliviana a través, en la mayoría de los casos, de Paraguay, para luego ser despachada a Europa previo “bombardeo” de la carga en sectores rurales cercanos a Rosario.
Nombres como los de Brian “Patoruzek” Bilbao, Fabián “Calavera” Pelozo o Julio “Peruano” Rodríguez Granthon comenzaron a reemplazar a los reyes del territorio, Ariel “Guille” Cantero y Estaban “Chuchino” Alvarado, siempre con la sombra de actores que, según conocedores del hampa, juegan tanto en la exportación como en el narcomenudeo: los líderes de Los Menores, Lisandro “Limón” Contreras, y el prófugo Matías Gazzani.
Fuente: 
Clarín
GENERAL JUAN MADARIAGA El Tiempo
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