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El más reciente asalto de “La banda del millón” del que fue víctima Mónica Mancini, la abuela influencer , dejó a la vista un problema enraizado en el Sistema Penitenciario Bonaerense: el uso de celulares dentro de la cárcel.
Este martes, se reveló que los delincuentes planifican los robos, eligen las casas, las marcan y ejecutan el crimen. Según pudo conocer TN, se descubrió un celular Samsung azul utilizado por uno de los líderes de la banda en el penal de Melchor Romero, Lucas Ezequiel Flores Mereles .
Gracias al análisis de este dispositivo, se comprobó que sacaban fotos de lo robado, hacían videos de inteligencia de las casas e, incluso, transmitían en tiempo real a través de Whatsapp cómo robaban y agredían a las víctimas. Además, la Justicia encontró planos de las casas que iban a robar y escondían parte de los botines (dinero en moneda extranjera, joyas y demás) en Monte Grande y Lomas de Zamora.
Son alrededor de 40 integrantes , la mayoría menores de edad. Los líderes están presos en el penal de Melchor Romero y en la Unidad Penitenciaria N° 9 de La Plata y están en constante comunicación . A esta banda, se le adjudica alrededor de 20 robos en casas y departamentos de Vicente López y San Isidro.
Dos personas han muerto en manos de integrantes de “La banda del millón”. El caso más cercano fue el asesinato de María Susana Rodríguez Uturriaga , quien murió por los golpes que recibió durante la entradera de octubre de 2025.
Miguel Perrotta, exdirector de Asuntos Internos del Servicio Penitenciario Federal , explicó este miércoles en Hablemos de esto el origen de este problema alimentado por “una falta de inversión, de compromiso y una crisis moral”.
Como señaló el exfuncionario, permitir el ingreso de un celular actualmente es calificado como una “falta administrativa” en lugar de un delito.
Ingresar un celular a un pabellón común cuesta “entre uno y dos millones de pesos”, confirmó Perrota. A un pabellón de alto riesgo, donde están los narcos, “puede costar hasta 10.000 dólares”. El guardia que lo introduce gana 700.000 pesos por mes.
“Además de una falta de inversión y una falta de compromiso, estamos ante una crisis moral ”, alertó. “El agente tiene que tomar la decisión de cumplir o no cumplir con la reglamentación”.
Una de las soluciones ante esta situación podría ser utilizar los inhibidores de señal. De acuerdo con Perrota, la Argentina invirtió en el sistema, lo instaló —al menos en las carcasas externas— y nunca lo puso en marcha.
“Se pagó todo el sistema, se instalaron por afuera en las carcasas, que se ven por las fotos si pasan por Maps. Están vacías las carcasas”, explicó. El motivo: cuando se abrieron los contenedores en la aduana, " toda la tecnología estaba podrida , vieja u obsoleta". Los equipos estuvieron años en la aduana debido a que se ralentizó la aprobación de importaciones durante la gestión de Sergio Massa al frente del Ministerio de Economía, y para cuando llegaron, ya no servían.
Mientras el Estado pagaba por tecnología inutilizable, los presos encontraban la manera de neutralizar, incluso, los equipos que sí llegaron a instalarse. “Los gabinetes estaban al lado de la ventana de las celdas, por lo tanto los presos los sacaban con un palo de escoba o usaban un colchón prendido fuego y quemaban las carcasas por fuera. Cuando vieron que estaban vacías, no lo hicieron más. El inhibidor nunca funcionó”.
En cambio, en el penal de Marcos Paz, donde el inhibidor de señal es natural porque no hay cobertura de ningún tipo , un jefe narco logró hacerse cablear un teléfono de línea hasta dentro de su celda. “El cable pasaba por dentro de la jefatura”, precisó el experto. Y fue enfático al señalar las consecuencias: “El suboficial fue el único que pagó. Al director de seguridad no lo echaron. Al director del módulo no lo echaron. Tendrían que haber echado a todos.”
Durante la entrevista, Perrotta mostró en vivo dos dispositivos. El primero es un teléfono celular del tamaño de un encendedor , con doble SIM, completamente funcional. El segundo es un teléfono inteligente con las mismas prestaciones que un equipo convencional, pero más pequeño.
“La requisa busca el teléfono grande. No saben que esto funciona ”, explicó sobre el dispositivo miniatura. Y cuando le preguntaron dónde se consiguen, la respuesta fue: “Por 10 dólares te llega a tu casa en una semana, comprado en las páginas chinas” .
Frente al fracaso del inhibidor perimetral —técnicamente inviable para penales de 40 hectáreas—, Perrotta describió una alternativa mucho más accesible: el IMSI-Catcher , una antena intermedia que se instala entre el pabellón y la red de telefonía y permite filtrar qué números tienen habilitada la comunicación. “Eso vale 100 dólares . Habría que tener uno por cada pabellón y listo”, sintetizó.
Perrotta detalló que el Servicio Penitenciario Federal prohíbe los celulares, pero el Servicio Penitenciario Bonaerense, no. En este contexto, aclaró que la diferencia tiene origen judicial: durante la pandemia, la Comisión Provincial por la Memoria presentó un hábeas corpus ante el juez Víctor Violini, quien autorizó el uso de celulares como medida de excepción mientras durara la emergencia sanitaria.
El exdirector fue crítico con la falta de decisión política para revertirlo: “El fallo dice claramente ‘mientras dura la medida de excepción’. Con un decretito de cuatro renglones se sacan los teléfonos. Pero les va a costar mantener la paz social dentro del penal. Ese es el problema”.
En tanto, el Servicio Penitenciario de la Ciudad de Buenos Aires está implementando un sistema intermedio: entrega celulares institucionales a los internos durante determinadas franjas horarias, habilitados únicamente para llamadas, y los recupera al finalizar el día. Esto solo les permite a las autoridades saber a quiénes llamó el recluso.
Ante la interrogante sobre la última opción para erradicar este problema, la conclusión de Perrotta fue tajante. “Hay dos cosas que ninguna ciudad quiere cerca: las cárceles y los basureros. Por lo tanto, el Estado, cuando tenga dos pesos para gastar, no los va a poner en la cárcel”.
Sin embargo, las soluciones que propone son tres: inversión en tecnología, mejora en la selección y las condiciones del personal penitenciario, y una reforma legal que convierta el ingreso de celulares a una cárcel en un delito y no en una simple falta administrativa.
“Lo único que estamos haciendo hoy es elevar el costo del ingreso del teléfono” , sentenció. “El teléfono sigue entrando igual” .
Fuente: 
TN
GENERAL JUAN MADARIAGA El Tiempo
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