Un intendente costero propone endurecer las sanciones para la conducción imprudente en playas y dunas para acabar con La Frontera

En Pinamar se vive una situación de descontrol todo los días en la zona denominada La Frontera. Para el Estado Municipal la responsabilidad es de un privado dueño de los terrenos que, casualmente, es una de las firmas más poderosas de la ciudad y con fuertes lazos con el poder. La empresa ya ha hecho algunas demarcaciones de seguridad y colocado durmientes que resultan una mínima barrera para seguir con el desgobierno en la zona. También puede optar por no hacer más nada porque su responsabilidad queda casi anulada al comprobar que los que irrumpen en su propiedad son los intrépidos corredores y que, por ende, hay un delito en flagrancia sobre el cual debe actuar otro "eslabón del poder" de manera automática.

La otra pata, obviamente, es responsabilizar a la policía y la justicia que debieran entrar a interrumpir las pruebas peligrosas de velocidad que provocan heridos y dolores de cabeza. Pero, absolutamente nadie, quiere resultar antipático con el turista. De hecho existe un negocio muy importante detrás del descontrol vinculado a la venta de estos rodados y a la guardería de los mísmos.

Pero, en contra de la famosa y jamás potenciada regionalización, aparece el intendente del municipio de al lado, Gustavo Barrera de Villa Gesell, quien impulsará un proyecto para modificar la Ley de Tránsito y aplicar penas más severas a quienes manejen de forma temeraria en zonas costeras, tras una nueva temporada marcada por accidentes graves.

Para Barrera la preocupación radica en que si se solicionara o cerrara La Frontera esos miles de cuatriciclos, UTVs y camionetas descontroladas buscarán un nuevo espacio para desatar la locura de la velocidad en las dunas. La Costa ya los tiene prohibidos y, por deantación, el único lugar posible podría ser el límite entre Cariló y Villa Gesell o la Reserva cercana al Faro Querandí.

La propuesta apunta a modificar la Ley de Tránsito para incorporar penalidades más estrictas frente a conductas temerarias, especialmente en playas y dunas, ámbitos donde conviven peatones, familias, niños y turistas. El proyecto será presentado en la Cámara de Diputados de la Nación y busca dar respuesta a una problemática que se repite cada temporada estival.

Desde hace años, municipios costeros advierten sobre un vacío legal, ya que la Ley Provincial de Seguridad Vial 13.927 no regula de manera específica la circulación vehicular en playas. Ante esa ausencia normativa, los distritos han recurrido a ordenanzas locales para intentar ordenar la situación, con resultados dispares.

Villa Gesell, por ejemplo, prohibió el ingreso de vehículos a la playa entre el centro y Mar Azul, mientras que Tres Arroyos adoptó medidas similares en Claromecó. Monte Hermoso restringió el estacionamiento en sectores costeros y Coronel Rosales limitó la circulación en áreas de Pehuen Co. Sin embargo, en zonas como “La Frontera”, al norte de Pinamar, los accidentes protagonizados por cuatriciclos se repiten año tras año, incluso con consecuencias fatales.

“Es necesario actualizar la legislación para que contemple la realidad de los destinos turísticos y permita aplicar sanciones más duras y efectivas”, sostuvo Barrera, quien remarcó la importancia de reforzar la seguridad vial, la protección del ambiente y la convivencia responsable en las playas.

Actualmente, las infracciones se encuadran en el régimen general de tránsito, con multas que oscilan entre los 180 mil y 1,8 millones de pesos por faltas como circular sin casco, sin registro o sin VTV. En ese contexto, los municipios quedan a cargo de la administración y el control de las playas, muchas de ellas concesionadas con fines turísticos, lo que vuelve más complejo el cumplimiento efectivo de las normas.