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La Cámara Federal porteña confirmó el procesamiento del
expresidente Alberto Fernández por supuestas negociaciones incompatibles con el
ejercicio de la función pública en la causa donde se investigan las
contrataciones de seguros del Estado con allegados al exmandatario.
Según informaron fuentes judiciales, el procesamiento es por
la “intermediación” de Héctor Martínez Sosa, el marido quien fue durante
décadas la secretaria privada del expresidente, María Cantero.
La decisión de la Cámara Federal se relaciona además con
supuestas irregularidades en la contratación de seguros por parte de organismos
del Estado a través de Nación Seguros.
Alberto Ángel Fernández fue procesado en calidad de autor
del delito de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función
pública y se ratificó el embargo sobre sus hasta la suma de $ 14.634.220.283.
También se confirmó la prohibición de salir del país sin
autorización judicial. El fallo es de los jueces Roberto Boico, Martín Irurzun
y Eduardo Farah. Los dos primeros conformaron la mayoría. Así, el expresidente
queda más cerca del juicio oral y público.
El tribunal estimó que está corroborada la hipótesis del
fiscal acerca de que hubo un “direccionamiento delictivo y ejercicio de
influencia” por parte de Alberto Fernández en favor de Martínez Sosa, que está
casado con la exsecretaria Cantero.
Los jueces destacaron que el vínculo de Fernández con
Martínez Sosa no solo era de amistad, sino también económico y profesional.
Este nexo, sumado al rol de poder que detentaba, se tradujo en una
participación directa del expresidente en el entramado de negociaciones.
Las pruebas revelaron que la empresa de Martínez Sosa,
Héctor Martínez Sosa y Compañía S.A., percibió el equivalente al 59,6% de las
comisiones liquidadas por Nación Seguros a todos los intermediarios de las
pólizas emitidas a entes estatales desde que Fernández fue designado
presidente.
Un indicio clave fueron los mensajes conocidos durante la
investigación, cuando Fernández intervino personalmente, a requerimiento de
Cantero, para dar continuidad a negocios que los involucraban.
En una comunicación de mayo de 2023, ante la preocupación de
Cantero por la pérdida de un contrato en Cancillería, el exmandatario
respondió: “Ya me ocupo”. Esta acción fue interpretada por el tribunal como una
participación directa, haciendo uso de su cargo.
Con esto se corrobora el delito de negociaciones incompatibles
con la función pública, que requiere que el funcionario se interese en el
asunto. Adicionalmente, se encontraron pruebas de la influencia de Martínez
Sosa en la conformación del Directorio de Nación Seguros, incluyendo la
elección de Alberto Pagliano y Carlos Gustavo García Argibay.
El fiscal José Luis Agüero Iturbe había dictaminado que
correspondía dictar la falta de mérito de Alberto Fernández porque hacían falta
mas pruebas, pero el tribunal desestimó su posición.
Los magistrados señalaron que esa solicitud no limita las
facultades jurisdiccionales del tribunal para revisar el procesamiento y que la
fiscalía tuvo la oportunidad de apelar previamente la decisión del juez que
instruyó el caso, Julián Ercolini en un principio y luego Sebastián Casanello.
Junto a Fernández, fueron ratificados los procesamientos de
otros funcionarios y empresarios implicados incluyendo a Héctor Horacio
Martínez Sosa, Alberto Carlos Pagliano y María Marta Cantero.
El procesamiento de Cantero, además de por negociaciones
incompatibles, es por el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario
público.
La resolución de la mayoría también encomendó al juez a
profundizar la causa para establecer el circuito del dinero y precisar cómo se
gestó la suscripción de las notas de designación en la órbita interna de los
organismos estatales específicos.
Boico e Martín Irurzun presentaron la opinión de la mayoría.
Eduardo Farah emitió un voto propio, en el cual indicó que compartía “en buena
parte los fundamentos de colegas”, aunque disintió en algunas circunstancias.
Fueron sobreseídos Sebastián Díaz Bancalari, Brian Kelly,
Lucas Pablo Rosendi, Diego Carlos Marín, Norberto Matías Garrido, Fernando
Carlos Salim, Federico Alejandro D’angelo Campos, Santiago Fraschina, “7 De
Mayo Cooperativa De Trabajo Limitada” y la “Cooperativa De Trabajo Irigoin
Limitada”.
A su vez, fueron confirmados los procesamientos de Alfredo
Del Corro, Damián Gosso, Carlos Alberto Suárez, Mariana Lourdes Trupia,
Alejandro Damián Celes Y Déborah Toloza. Y revocados los procesamientos de
María Victoria Bisogni y de Mauro Tanos por el delito de lavado de activos.
GENERAL JUAN MADARIAGA El Tiempo
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