La Justicia federal inició una pesquisa contra Maximiliano Ariel Vallejo, presidente del grupo Sur Finanzas, por su presunta participación en una maniobra de lavado de activos que habría movilizado más de $6.000 millones a través de una red de empresas y transferencias sin justificación económica. La causa se desprende de un informe elaborado por la Unidad de Información Financiera (UIF) y posteriormente impulsada por la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac).
Vallejo consolidó en los últimos años una fuerte presencia en el ámbito del fútbol argentino. Su firma fue sponsor principal de la Liga Profesional en 2024, mantuvo un vínculo comercial con la Selección Argentina y figuró en la indumentaria de distintos clubes. En ámbitos privados, asegura que aspira a desembarcar en la política y pretende reforzar su presencia en Racing, club del cual es simpatizante.
Pese a su exposición creciente, ahora enfrenta un proceso judicial que examina transacciones millonarias asociadas a la empresa Construcciones TAR, constituida en 2022. Según la documentación oficial, la firma habría recibido acreditaciones bancarias por más de $6.000 millones entre septiembre de 2022 y julio de 2023, una cifra considerada incompatible con su actividad.
El dinero ingresó mediante cheques de terceros, transferencias bancarias y depósitos en efectivo, y posteriormente fue derivado hacia casas de cambio, clubes de fútbol, droguerías, empresas agrícolas-ganaderas, agencias marítimas y empresas recientemente registradas, sin documentación respaldatoria suficiente. La Procelac destacó además que la compañía carecía de empleados en relación de dependencia, bienes registrados, y operaba desde un domicilio que no corresponde a oficinas comerciales.
Entre las entidades receptoras figuran las casas de cambio Concordia Inversiones y Centro de Inversiones Concordia, que percibieron $180.108.873 y $65.498.745, respectivamente. En esta última aparece vinculado Maximiliano Ariel Vallejo, quien ingresó como accionista en 2020, junto a Graciela Vallejo y Silvia Torrado.
La Procelac, a cargo del fiscal Diego Velasco, advirtió una diferencia formal de $4.116.204.044,36 entre fondos ingresados y facturación declarada. Según la denuncia, gran parte de los aportantes serían monotributistas de categorías bajas o incluso personas sin actividad fiscal activa.
En paralelo, Centro de Inversiones Concordia, adquirida por la familia Vallejo, intensificó su operatoria financiera durante la segunda mitad de 2022, cuando movió más de $23.800 millones. No obstante, en 2023 el Banco Central (BCRA) decidió revocar la autorización de operación a su firma hermana, Concordia Inversiones, luego de sucesivas suspensiones.
La investigación está delegada en el fiscal Emilio Guerberoff, del fuero Penal Económico, quien solicitó informes patrimoniales y bancarios al Departamento de Investigaciones de Delitos Económicos de la Prefectura Naval Argentina. Según fuentes judiciales, el objetivo es determinar el origen de los recursos y la trazabilidad de las operaciones.
La causa registra, además, cruces preliminares con otro expediente abierto por presunto lavado de activos que involucra a Elías Piccirillo, exesposo de la conductora Jesica Cirio, detenido en Ezeiza, y Francisco Hauque. Hasta el momento, la Justicia determinó que no existen puntos de contacto directos entre ambas pesquisas.
Los investigadores mantienen bajo análisis transferencias sin justificación comercial hacia firmas automotrices, pese a que la constructora no tiene vehículos registrados a su nombre, y hacia clubes de fútbol, jugadores y entrenadores. La causa continúa con medidas probatorias, análisis de documentación y ampliación de información financiera.
Consultado por la prensa, Vallejo declinó ofrecer comentarios y señaló mediante allegados que desconoce la denuncia en su contra.
GENERAL JUAN MADARIAGA El Tiempo
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