El Gobierno impulsa una “Ley de Libertad Educativa” para reemplazar la Ley Nacional de Educación

El Gobierno nacional trabaja en un proyecto para derogar la Ley de Educación Nacional y reemplazarla por una nueva Ley de Libertad Educativa, que redefine el rol del Estado y amplía las opciones de enseñanza para las familias.

El borrador presentado establece que las familias serán consideradas “agentes naturales y primarios” de la educación, mientras que el Estado tendrá un rol subsidiario. El texto remarca en numerosas ocasiones el concepto de libertad como eje de la reforma.

Uno de los puntos centrales del proyecto es la habilitación de nuevas alternativas educativas: se permitiría la educación en el hogar (home schooling) y modalidades híbridas o a distancia, sin establecer una edad mínima para acceder a estas opciones. Para certificar los aprendizajes adquiridos en el hogar, los estudiantes deberán rendir exámenes periódicos obligatorios.

Principales transformaciones que propone el proyecto

Las instituciones tendrán mayor autonomía para definir sus programas gracias al principio de “libertad de contenidos”, aunque deberán respetar un conjunto de contenidos mínimos comunes que establecerá el Estado.
El proyecto declara la esencialidad del servicio educativo, lo que implica garantizar un funcionamiento mínimo incluso durante paros o medidas de fuerza.
Se modifica la organización del calendario escolar y, en lugar de medir días lectivos, se establecen horas mínimas: 540 horas anuales en nivel inicial y 720 horas en primaria y secundaria.
El Estado seguirá garantizando la gratuidad de la educación obligatoria, desde sala de 4 hasta el final de la escuela secundaria, y se creará un registro nacional de planes de estudio.
Se habilita a las provincias a ofrecer enseñanza religiosa confesional en escuelas públicas, de forma optativa y fuera del horario de clases.

El documento incluye 136 artículos y forma parte de las propuestas presentadas al Consejo de Mayo. Desde el Ejecutivo señalan que se trata de una reforma de gran magnitud que busca modificar la estructura educativa actual, otorgando mayor libertad a las familias y a las instituciones.

De aprobarse, la iniciativa marcaría un cambio profundo en el sistema educativo argentino, con debates abiertos sobre su impacto en la igualdad de oportunidades, la calidad educativa y el rol del Estado.