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La causa por presuntas irregularidades en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) entra en una etapa clave. Este miércoles se presenta a indagatoria Diego Spagnuolo, el exdirector del organismo.
Su declaración —o su silencio— marcará el ritmo del expediente
que ya acumula audios, chats, fotos y movimientos de dinero que comprometen a
exfuncionarios, operadores y empresarios del sector farmacéutico.
Este martes, Miguel Ángel Calvete, empresario y uno de los principales
apuntados por la Justicia, se negó a declarar ante el juez federal Sebastián
Casanello.
Calvete evitó responder preguntas pese a ser el primero en
la lista de convocados y dejó abierta la incógnita sobre el resto de las
indagatorias.
En ese contexto, todas las miradas están puestas en lo que
ocurrirá con Spagnuolo. Si bien está citado, puede optar por no declarar, dado
que —a diferencia de los testigos— un imputado no tiene obligación de
responder.
Los investigadores, sin embargo, esperan que enfrente el
cúmulo de pruebas que lo involucran en maniobras que, según el fiscal Franco
Picardi, se desarrollaron entre diciembre de 2023 y octubre de 2025, ya
iniciado el gobierno de Javier Milei.
El esquema que deberá explicar Diego Spagnuolo
Las acusaciones centrales son dos: direccionamiento de
contratos millonarios y pedidos de coimas. Según la investigación, al menos
cuatro droguerías —Profarma, Génesis, New Pharma y Floresta— habrían sido
beneficiadas de manera sistemática.
Juntas ganaron contratos por alrededor de $40.000 millones
en el último año y medio, un período que coincide con la llegada de Spagnuolo y
de su número dos, Daniel Garbellini, a la conducción del organismo.
El expediente también detalla el rol de personas que no eran
funcionarias de ANDIS pero que, sin embargo, tenían usuario y clave para
acceder al sistema de contrataciones. Entre ellas aparece Luciana Ferrari,
empleada de un laboratorio privado, señalada por haber intervenido de manera
irregular en las decisiones del organismo.
Además, hay un capítulo especialmente sensible: la supuesta
participación de dos lobistas, Calvete y Pablo Achavajian, quienes —según las
conversaciones incorporadas a la causa— daban instrucciones directas sobre qué
proveedores debían ser favorecidos, cuáles sancionados y qué montos debían
liberarse. Para la fiscalía, era una organización articulada que “digitaba” el
circuito completo de las contrataciones públicas.
La indagatoria de Spagnuolo no solo será clave para definir
el futuro del expediente, sino también para determinar si mantiene su
estrategia de desconocer las pruebas o decide confrontarlas.
Si declara, deberá responder por el esquema de contratos,
las claves del sistema, la intervención de operadores externos, el rol de las
droguerías, los vínculos con Calvete y las fotos del dinero.
Si no declara, su silencio será leído como parte de una
estrategia defensiva ante un escenario judicial que, según fuentes del caso, es
cada vez más complejo para él.
GENERAL JUAN MADARIAGA El Tiempo
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