Comienza el jury contra Julieta Makintach, la jueza del documental que le puso fin al juicio por la muerte de Diego Maradona

La suspendida jueza Julieta Makintach enfrentará a partir de hoy un jury que podría ponerle fin a su carrera como magistrada, cargo que asumió en marzo de 2017. La funcionaria judicial quedó bajo sospecha cuando quedó al descubierto su participación estelar en el documental Justicia Divina, proyecto audiovisual que pretendía contar las alternativas del juicio donde se intentaba develar si hubo responsabilidades penales en la muerte de Diego Armando Maradona, debate del que participaba como integrante del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N°3 de San Isidro.

El inicio del juicio político, que se desarrollará en el subsuelo del edificio anexo de la Cámara de Senadores de la provincia de Buenos Aires, en La Plata, está previsto para las 9. El primer testigo citado es Patricio Ferrari, uno de los fiscales generales adjuntos de San Isidro, quien, junto con su colega Cosme Iribarren, estuvo a cargo de la acusación pública en el malogrado debate que había comenzado el 11 de marzo pasado.

El jurado de enjuiciamiento será presidido por la jueza Hilda Kogan, presidenta de la Suprema Corte de Justicia bonaerense, e integrado por los legisladores Ariel Martínez Bordaisco (senador por la Unión Cívica Radical -UCR); la diputada Abigail Gómez, de La Libertada Avanza (LLA); el senador Sergio Raúl Vargas, de Unión Renovación y Fe; la senadora María Lorena Mandagarán (UCR-Cambio Federal) y la diputada Maite Alvado, de Unión por la Patria (UP) y los abogados Álvaro García Orsi, Pablo Agustín Ciocchini, Fabián Ramón González, María Victoria Lorences y Mirta Daniela Greco. La acusación estará a cargo de la fiscal general de Necochea, Analia Duarte.

A fines de mayo pasado, tras la recusación de Makintach, los dos otros jueces que participaron del debate, Maximiliano Savarino y Verónica Di Tommaso, declararon la nulidad del juicio.

A principios de junio pasado, el procurador general bonaerense, Julio Conte Grand, presentó la denuncia contra Makintach ante la Secretaría Permanente de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios Judiciales de la provincia de Buenos Aires. Era el primer paso para el jury de enjuiciamiento.

Conte Grand intervino en el caso después de que la Suprema Corte bonaerense dispusiera una licencia compulsiva de 90 días para la polémica jueza y “le confiera vista” a la Procuración General para que evalúe la conducta y, en su caso, formulara la pertinente denuncia

Para el procurador general bonaerense, la prueba analizada “resultaba incontrastable” y “acreditaba sin fisuras” que las conductas desplegadas por la jueza Makintach para poder “materializar un interés meramente personal, cuya finalidad última solo ella conoce”.

En la denuncia, Conte Grand afirmó: “Resulta lamentable que haya utilizado la magistratura y, en definitiva, el poder que le otorga el Estado, para alcanzarlo [por el interés meramente personal]”.

A lo largo de 38 páginas, el procurador general bonaerense enumeró “nueve conductas desplegadas” por Makintach, que a continuación se detallan:

“Autorizó irregularmente el acceso de un grupo de personas al edificio de los Tribunales de San Isidro un día domingo y por la puerta asignada a los magistrados, a fin de realizar tomas y fotos para el documental sobre el juicio por la muerte de Maradona [que finalmente fue declarado nulo].
Habilitó a un grupo de personas para que, de manera furtiva y clandestina, tomaran registros fílmicos del debate oral, con el único fin de realizar una miniserie.
Violó la prohibición de grabar o filmar el debate, situación impuesta por el Tribunal que ella misma integraba.
Abusó de su condición de magistrada para evitar que personal policial pudiera cumplir con su labor de tratar de impedir que terceros, autorizados por ella, filmaran la audiencia de debate.
Sin autorización alguna, utilizó los recursos (materiales y humanos) del erario público (instalaciones del edificio de tribunales y personal afectado a la custodia del debate, con fines estrictamente profesionales.
Mintió de forma deliberada y recurrente, tanto a la prensa nacional e internacional, como ante sus pares del Tribunal, partes, abogados, prensa acreditada y público en general, al negar su participación en un documental.
Afirmó sistemáticamente su ajenidad a cualquier irregularidad, aun cuando fue confrontada por el representante del Ministerio Público Fiscal [por el fiscal general adjunto de San Isidro Patricio Ferrari] quien exhibió las imágenes que la tenían como protagonista.
Incurrió en “parcialidad manifiesta”, conducta que llevó, inexorablemente, a la declaración de nulidad del proceso.

La repercusión social del escándalo y el perjuicio a la imagen del Poder Judicial. En este último punto, el noveno, Conte Grand enumeró una serie de notas periodísticas publicada por medios nacionales e internacionales.

Finalmente, a fines de agosto pasado, por unanimidad, el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios Judiciales de la provincia de Buenos Aires declaró admisible la acusación.