Tráfico de oro, sicariato y el triple crimen de Florencio Varela: la historia detrás de “Pequeño J”

El nombre de Tony Janzen Valverde Victoriano, alias “Pequeño J”, comenzó a resonar con fuerza en la última semana en Argentina, luego de ser identificado como el presunto ideólogo del brutal triple crimen de Florencio Varela, en el que fueron asesinadas Brenda del Castillo (20), Morena Verdi (20) y Lara Gutiérrez (15). Sin embargo, su historia se remonta a cientos de kilómetros al norte, en el convulsionado departamento de La Libertad, Perú, donde nació y se crió entre el auge del oro ilegal y la expansión del sicariato.

La Libertad es uno de los departamentos más poblados del Perú, con la ciudad de Trujillo como capital. Allí, la minería, tanto legal como ilegal, ha desplazado en los últimos años al negocio de la cocaína como principal motor de las economías clandestinas. En ese contexto, las disputas por territorios, dinero y poder derivaron en una escalada de violencia armada y ajustes de cuentas, que colocaron a la región en el centro del mapa criminal. “En la zona de Trujillo lo que abunda es el oro, más que la cocaína. Hoy lo que se vive es un boom del oro, su extracción y venta ilegal”, relató un investigador peruano de alto rango que conoce el terreno y los movimientos de estas bandas.

Ese mismo entramado de violencia habría moldeado la conducta de Valverde Victoriano, quien al llegar a la Argentina se vinculó con estructuras locales del crimen organizado. Según los investigadores, “Pequeño J” es el cabecilla de una organización transnacional con ramificaciones en distintos barrios del conurbano bonaerense, como La Matanza, Florencio Varela, Zavaleta y la 1-11-14, entre otros.

El caso que lo puso en el centro de la escena fue el asesinato de las tres jóvenes, engañadas con la promesa de recibir 300 dólares por asistir a una fiesta. Fueron trasladadas a una vivienda en Florencio Varela y desde ese momento nada más se supo de ellas hasta que, cuatro días después, fueron halladas sin vida. La autopsia y los primeros testimonios confirmaron lo peor: torturas, golpes, cortes con armas blancas y violencia extrema.

Una de las particularidades más escalofriantes de este caso es que la agresión habría sido transmitida en vivo por una red social cerrada, a la que accedieron 45 personas. Según uno de los cuatro detenidos, la intención era dejar un mensaje a los “soldados” de rango medio de la banda de “Pequeño J”. El detalle llamó la atención de la Justicia argentina, ya que ese modus operandi suele asociarse con organizaciones de origen extranjero, sobre todo venezolanas, que utilizan la crueldad como método de disciplina interna.

La investigación quedó en manos del fiscal de Homicidios de La Matanza, Adrián Arribas, acompañado por otros fiscales especializados en crimen organizado debido a la complejidad del caso. Gracias a una testigo clave vinculada al joven peruano, que aportó datos y un número de teléfono, y al cruce de antenas de telefonía, la Justicia logró identificar a “Pequeño J” y relacionarlo con el lugar donde se produjo el crimen. Allí también aparece el nombre de Matías Agustín Ozorio (28), considerado su mano derecha y también buscado por Interpol.

Durante los allanamientos realizados en Florencio Varela y La Matanza, las fuerzas de seguridad incautaron documentación, municiones, celulares, computadoras y dos elementos de fuerte valor probatorio: un parlante y una pala, que coinciden con testimonios que señalan que en la vivienda donde ocurrieron los asesinatos sonaba música a volumen alto y que los cuerpos fueron enterrados en un pozo.

La pista internacional se consolidó al analizar transferencias bancarias por miles de dólares, recibos de corralones y otros elementos que muestran la magnitud económica de la red. “Pequeño J” no tendría residencia fija: se mueve de casa en casa, alternando entre distintos puntos del conurbano, lo que dificulta su captura.

Mientras tanto, la lista de imputados crece. Además de los primeros cuatro detenidos –Magalí Celeste González Guerrero (28), Miguel Ángel Villanueva Silva (25), Daniela Iara Ibarra (19) y Maximiliano Andrés Parra (18)–, este viernes se sumó un quinto: Lázaro Víctor Sotacuro (42), arrestado en Bolivia tras cruzar la frontera desde La Quiaca hacia Villazón. Está acusado de haber sido uno de los conductores que apoyó el traslado de las víctimas.

La tipificación del delito agrava aún más la causa: “triple homicidio calificado por ensañamiento, alevosía, violencia de género y concurso premeditado de dos o más personas”. Según la notificación de Interpol, los asesinos “aumentaron intencionalmente y de manera inhumana el sufrimiento al causar padecimientos innecesarios” a las jóvenes.

La pesquisa continúa abierta. Los investigadores buscan confirmar el origen y la difusión del video de la tortura y establecer con precisión el móvil del crimen. La hipótesis más fuerte es que se trató de una venganza narco, aunque hasta el momento no existen pruebas firmes en el expediente. Lo que sí es seguro es que “Pequeño J”, el joven que se formó en las calles violentas de La Libertad, Perú, hoy es uno de los fugitivos más buscados de la región.