El juez federal de La Plata, Ernesto Kreplak, aguarda en los próximos días los resultados de dos peritajes que podrían definir el rumbo de la causa por la producción y distribución de fentanilo adulterado, sustancia que se sospecha provocó al menos 96 muertes en todo el país.
Uno de los estudios está a cargo del Instituto Malbrán y el otro del Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema.
Historias clínicas y fabricación
El peritaje del Cuerpo Médico Forense analiza las historias clínicas de pacientes que recibieron la droga adulterada, con el fin de confirmar si las muertes fueron consecuencia directa del fentanilo.
En paralelo, el Malbrán revisa en detalle los batch records de los dos lotes bajo investigación (31202 y 31244). Se trata de los registros completos de fabricación, que incluyen el origen de los componentes y cada paso del proceso de producción. La orden del juez fue identificar posibles deficiencias en la confección del medicamento y las consecuencias de esas fallas.
Los resultados podrían ser determinantes para establecer responsabilidades y abrir nuevas medidas judiciales.
Tensiones con el Gobierno
El caso generó un cruce político entre el Poder Ejecutivo y la Justicia. El jueves, el presidente Javier Milei intimó a Kreplak a detener al dueño del laboratorio productor, Ariel García Furfaro, bajo amenaza de promover su apartamiento si no lo hacía “en los próximos días”.
El magistrado respondió: “Le recuerdo al Sr. Presidente su obligación constitucional de abstenerse de interferir en una causa penal en curso. Suficientes omisiones y dificultades ha debido superar la investigación hasta ahora como para que, sobre ello, se pretenda politizar un trabajo judicial bien hecho”.
Otras líneas de investigación
Además de la adulteración, el expediente busca determinar si existió un “desvío de cantidad”, es decir, tráfico de fentanilo hacia el mercado ilegal. Por eso, desde el inicio se ordenó identificar, secuestrar y recuperar todas las ampollas contaminadas.
En relación a los registros analizados por el Malbrán, el juzgado también pidió verificar si se cumplieron las normas vigentes, si los datos fueron asentados en forma correcta o si hubo omisiones y adulteraciones en la documentación.



Redes