Cristina Kirchner no quiere pagar en la causa Vialidad y la Justicia define su futuro económico

La Cámara Federal de Casación Penal convocó a una audiencia para el próximo 11 de septiembre con el objetivo de resolver si confirma o modifica el monto que Cristina Kirchner y el resto de los condenados en la causa Vialidad deben devolver al Estado por el fraude en las licitaciones de obra pública en Santa Cruz.

El Tribunal Oral Federal N.º 2, integrado por los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso, actualizó el decomiso en julio de este año y fijó la suma en $684.990.350.139, equivalente a unos 530 millones de dólares. El monto original, establecido en diciembre de 2022 cuando se dictó la condena, era de $84.835.227.378, pero se ajustó tras la confirmación de la sentencia por parte de la Corte Suprema el 17 de junio.

Cristina Kirchner rechaza la cifra calculada y cuestiona el índice de actualización utilizado. Según sus estimaciones, solo debería abonar el 6% del monto dispuesto. Además, plantea que el Tribunal Oral que la condenó no es competente para ordenar el decomiso y que la cuestión debería resolverla la justicia civil y comercial federal, la cual ya declaró caduca una demanda del Estado contra ella por 21.000 millones de pesos.

La defensa de Lázaro Báez, también condenado en la causa, presentó un planteo similar, argumentando que la ejecución de sus bienes corresponde al tribunal que lo sentenció en el expediente de la “Ruta del Dinero K”, donde recibió 15 años de prisión.

Pese a las objeciones, los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola insisten en que el decomiso debe ejecutarse de forma inmediata, incluso con el remate de bienes, y sin esperar la resolución final sobre el monto. En un dictamen conjunto, calificaron los hechos probados entre 2003 y 2015 como “una de las matrices de corrupción más extraordinarias de la historia argentina”, que provocó “perjuicios inconmensurables” al Estado.

Los fiscales acusaron a la expresidenta de utilizar “artilugios y excusas” para eludir el pago y recordaron que “el decomiso de la suma establecida no es una opción, es una obligación”. También rechazaron los planteos de incompetencia y solicitaron que la Cámara confirme la intimación cursada y ordene la ejecución inmediata de los bienes.

Tras escuchar los argumentos de las partes en septiembre, los jueces de la Sala IV de Casación —Mariano Borinsky, Diego Barroetaveña y Gustavo Hornos— tendrán cinco días hábiles para tomar una decisión que podría destrabar el recupero del dinero que la Justicia considera producto del delito.