Algo se rompió en el corazón del Gobierno: los audios que abren una crisis interna

La difusión de los audios atribuidos a Diego Spagnuolo no fue solo un sacudón mediático para el Gobierno: dejó al descubierto una fractura que, según funcionarios y colaboradores, ya no se limita al terreno de la comunicación sino que atraviesa la gestión. Lo que en un primer momento pareció una bomba externa se convirtió en un problema interno; y entre pasillos de la Casa Rosada se escucha, en voz baja, que “todos fingimos demencia”, una confesión que resume el clima de incredulidad y desconfianza que hoy impera en el oficialismo.

El episodio que funcionó como contraplano simbólico ocurre en un salón de un evento social: un joven funcionario se levanta y, casi como una fiera que quiere marcar distancia, dice a su interlocutor: “Yo no soy Lule Menem”. Esa frase —orgullosa, defensiva— sintetiza la sensación que recorre el Gobierno: la idea de renovación que impulsó la candidatura se topa ahora con los temores de que las prácticas que prometían combatir puedan reproducirse en su interior.

De la sorpresa al quiebre

En los días posteriores a la primera difusión, la gestión transitó por fases: shock, defensa pública y finalmente la constatación de un quiebre. Hay, según distintas fuentes consultadas, funcionarios que ya creen que los hechos relatados en los audios son verosímiles y reclaman una reacción clara. Otros, en cambio, apuran la estrategia de negar e instalar que se trata de una operación política. Ese doble registro —la negación pública y la duda privada— tensiona la gobernabilidad cotidiana.

Spagnuolo, sostienen testigos, venía alertando sobre maniobras irregulares dentro de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) a al menos tres interlocutores dentro del Estado: “Se están llevando 800.000 dólares en mi cara”, llegó a decir en una de esas conversaciones, según reconstrucciones. La respuesta que recibió en algún tramo fue aún más contundente: “No, se están llevando dos palos”. Y, ante la inquietud, la única recomendación efectiva que se le habría dado fue que lo hablara con Karina Milei. Nada más. La alarma roja circuló sin que los detectores institucionales se encendieran.

Un vacío de control y el rastro de la Suizo Argentina

Parte del nervio del escándalo nace en la operativa: la Andis, a diferencia de otras dependencias, habría funcionado sin emplear el portal oficial de contrataciones Compr.Ar. Eso dejó un “agujero negro” sobre proveedores, precios y beneficiarios de convenios. En ese hueco, la droguería Suizo Argentina incrementó sus ventas y apareció vinculada a despachos que conectan con Nordelta, domicilio de uno de sus dueños. Voces técnicas advierten que, si la Justicia profundiza, detrás de los sobreprecios podría aparecer una red de facturaciones y empresas pantalla.

El intento de la gestión de producir una auditoría interna —ordenada por el ministro Mario Lugones tras intervenir la Andis— tropezó con la intervención judicial: los operativos terminaron con la Justicia incautando documentación clave. Ese giro complicó la estrategia política, y obligó a figuras como Guillermo Francos a pedir información con premura sin conseguir, por el momento, resultados claros.

Mesa de crisis, bandos y abogados

En la Casa Rosada se montó una mesa de crisis para articular respuesta política, comunicacional y judicial. Allí conviven delegados de Karina Milei, allegados a los Menem y operadores como Santiago Caputo. Desde ese centro se diseñaron mensajes que, en público, admiten la existencia de los audios pero niegan hechos específicos: admisión y rechazo a la vez.

En paralelo, la causa judicial corre bajo la órbita del juez Sebastián Casanello y el fiscal Franco Picardi, con el patrocinio técnico de abogados como Santiago Viola, lo que elevó la tensión: la designación de letrados “duros” sugiere que los involucrados están preparados para sostener litigios prolongados.

Spagnuolo, en tanto, juega una carta de incertidumbre: dejó trascender que su decisión de entregarse o de declararse arrepentido podría depender del nivel de “hostigamiento” que reciba. “Si lo arrinconan, reaccionará como un gato sin escapatoria”, comentan allegados que describen su situación como delicada: inculpar a otros lo expone a sí mismo por no haber denunciado antes.

Quién filtró los audios: varias teorías, ninguna certeza

Las hipótesis sobre el origen de la filtración se multiplican y, como suele ocurrir, terminan siendo un mapa de enemistades internas. Un sector apunta al entorno kirchnerista —menciona a Franco Bimbi y a conexiones de inteligencia—; otro a una ex pareja que grabó las “catarsis” de Spagnuolo; otros, a actores del propio territorio de la gestión de Karina que habrían decidido ventilar internas. Fernando Cerimedo —uno de los nombres que surgieron en la narración— rechazó cualquier vinculación: “No tengo nada para aportar del tema”, dijo según el relato.

Lo que evidencia la dispersión de versiones es que nadie puede señalizar con claridad un único responsable. Y esa incertidumbre alimenta la corrosión interna: preferir villanos externos ayuda a evitar admitir fallas de control orgánico que ocurrieron dentro del mismo Gobierno.

La pelea entre capitanes: Caputo vs. Menem y el dilema de la casta

Las consecuencias políticas son muy concretas: la relación entre Santiago Caputo y la estructura que orbita a los Menem (y por extensión a Karina) está más tensa que nunca. Desde el sector de Caputo hay presiones para que Karina “le suelte la mano” a Lule Menem o, al menos, le recorte funciones. “Karina tiene que resolver qué hacer con Lule”, señalan en uno de los pasillos, con la idea de que su figura se volvió una fuente permanente de ruido.

Del otro lado, se amenaza con limar la influencia de Caputo al término del ciclo electoral. La disputa no es solo personal: aborda el control de áreas clave del Estado y pone en evidencia un dilema más profundo para La Libertad Avanza: para gobernar eficazmente hay que construir tejido territorial —punteros, acuerdos locales— y eso implica, paradójicamente, operar con reglas propias de la “casta” que el movimiento decía querer erradicar. Es la trampa que ahora aparece con brutal claridad: ¿cómo no reproducir prácticas que antes se denunciaban, sin perder control del territorio?

Seguridad, elecciones y mercados: la cuenta pendiente

El escándalo no llega en vacío: el Gobierno ya enfrenta episodios de violencia en actos públicos y de desgaste en las encuestas. Un sondeo interno sugirió una caída de cinco puntos en la imagen de Milei a partir del affaire; en la Casa Rosada confían en revertirlo, pero la fragmentación política y el desánimo social complican el escenario. El conductor del Ejecutivo intentó recuperar la presencia territorial con caravanas y actos —algunos terminaron con incidentes, como el ocurrido en Lomas de Zamora—, pero la percepción de que “hay zonas donde el Presidente queda expuesto” alimenta preocupaciones de seguridad: “Cuando empezás a no poder controlar el territorio, comenzás a no controlar el Estado”, resumió con crudeza un funcionario con experiencia.

Esa lectura tiene consecuencias prácticas: los mercados observan la gobernabilidad y podrían traducir cualquier convulsión política en reacciones financieras adversas, un riesgo que el equipo económico vigila como prioritaria señal de alarma de cara a octubre.

Conclusión: el precio de ser antisistema

El caso Spagnuolo ilumina una tensión estructural del Gobierno: ser outsider y, a la vez, tener que pilotear complejos mecanismos administrativos heredados, con proveedores, lógicas de contratación y tejido territorial que difícilmente se gobiernan desde una ortodoxia antipolítica. El escándalo puso en evidencia que, para no convertirse en aquello que denunciaron, deben montar controles internos serios, mecanismos de transparencia real y una disciplina orgánica que hasta ahora mostraron no tener. En resumen: el proyecto que juró destruir la casta enfrenta ahora la prueba más dura de coherencia. Y ese costo, en términos políticos y prácticos, ya empezó a pagarlo.