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Como resultado de una investigación iniciada hace meses, el
Gobierno de Javier Milei ya echó a 60 funcionarios de la estratégica
Procuración del Tesoro de la Nación, los abogados del Estado en litigios tan
delicados como el que se ventila en Nueva York por la expropiación de YPF.
Según supo Noticias Argentinas, el caso comenzó cuando desde
la Procuración empezaron a darse cuenta de que parte de las estrategias
jurídicas que analizaba la República parecían ser anticipadas por los poderosos
bufetes de abogados que litigan contra la Argentina.
Por ahora, el Gobierno justificó los despidos en el marco de
una "reestructuración que responde a una mayor eficiencia del
organismo".
Pero la preocupación en la Casa Rosada es mayúscula, ya que
este mega juicio llevó a la controversial jueza de Nueva York Loretta Preska a
condenar a la Argentina a pagarle USD 16.100 millones a los fondos buitres, un
monto inédito en la historia de los litigios de este tipo.
Ahora, los abogados del Estado argentino intentan frenar la
resolución de la jueza neoyorquina, que pretende que la República entregue el
51% de las acciones de la petrolera estatal a los demandantes.
Hasta ahora, la Procuración del Tesoro, que depende del
Ministerio de Justicia, no confirmó las versiones que circularon durante la
jornada entre funcionarios de la Casa Rosada sobre supuestas filtraciones. Solo
informaron los cambios en la estructura del organismo encabezado por Santiago
Castro Videla.
Fuentes oficiales admitieron a Noticias Argentinas que
existe malestar en el presidente Javier Milei por la estrategia que llevó
adelante la Procuración del Tesoro en este juicio sin precedentes.
Algo de alivio llegó en las últimas horas cuando el gobierno
de Donald Trump decidió intervenir en la disputa judicial y sumarse como
“amicus curiae”, un formato que le posibilita a otro país soberano presentarse
y dar su opinión sobre la marcha de una causa tan sensible como esta.
En el Ministerio de Economía y otras dependencias oficiales
también consideran que hubo filtraciones de información perjudicando la
estrategia judicial argentina.
Se sospecha que esas supuestas filtraciones pudieron haber
beneficiado al polémico fondo Burford -especialistas en este tipo de litigos-,
que encabeza la demanda contra la Argentina por la polémica estatización de
YPF, en 2013.
En el marco del achique, la Procuración pasará de seis a
cuatro Direcciones Nacionales, y se disolverá la Escuela del Cuerpo de Abogados
del Estado.
Esta tarea será asumida por un centro que contará con menos
de un tercio del personal con el que contaba la Escuela.
Además, se anunciaron nuevas desvinculaciones de personal,
que acumulan a más de 60 funcionarios del organismo desde el inicio de la
gestión Milei.
Entre los principales cambios se destaca la “reducción de
unidades jerárquicas innecesarias, la reorganización de funciones superpuestas
y la reasignación de competencias estratégicas. Con una nueva política de
ahorro y reasignación de recursos se han reducido desde el inicio de la gestión
las comitivas y gastos en viajes oficiales”.
Por ahora, Castro Videla seguiría, porque tiene como
poderoso padrino a Santiago Caputo, uno de los integrantes del Triángulo de
hierro, en términos explicados por el propio Javier Milei.
Según informó Clarín, el nombramiento en su momento de
Castro Videla, “llamó la atención, dado que es socio de un constitucionalista
que apoyó la postura del fondo Burford contra YPF, en el litigio en el que que
está en juego el pago de los 16 mil millones de dólares, el juicio más grande
que afronta el Estado argentino”.
Ese medio también indicó que el jefe de los abogados del
Estado “pertenece al estudio Bianchi, Galarce & Castro Videla, que colaboró
con un bufete de abogados norteamericanos que llevó el juicio en Nueva York
ante la jueza Preska”.
En su momento, Burford presentó al constitucionalista
Alberto Bianchi -el socio de Castro Videla- y los juristas Alejandro Garro y
Alfredo Rovira, para que explicaran el sistema judicial argentino y el rol de YPF
en la estructura del Estado.
En estos casos, la figura del testigo no es la un testigo
ocular, como en juicios penales, si no en la de un experto que explica los
alcances de la legislación argentina, según Clarín.
Este martes el Gobierno logró que la Cámara del Segundo
Circuito de Nueva York disponga la suspensión preventiva de la orden de entrega
de las acciones de YPF, informó la Procuración.
El tribunal bloqueó temporalmente la orden de la jueza
Preska, que había ordenado que Argentina entregue su 51% en YPF a los
demandantes en un caso de 16.000 millones de dólares.
La suspensión administrativa emitida por el Tribunal de
Apelaciones de EE.UU. para el Segundo Circuito permanecerá en vigor hasta que
el panel de apelación pueda decidir si concede o no una suspensión definitiva,
mientras Argentina apela la orden del 30 de junio dictada por la polémica
magistrada.
GENERAL JUAN MADARIAGA El Tiempo
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