El Gobierno bonaerense denunció en la Justicia un complot de 24 policías cercanos al candidato de LLA

El Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires presentó una denuncia judicial por un presunto complot orquestado por al menos 24 policías bonaerenses vinculados al comisario Maximiliano Bondarenko, referente de La Libertad Avanza y cabeza de lista de esa fuerza en alianza con el PRO en la tercera sección electoral. Según las autoridades, los uniformados habrían estado trabajando activamente para la campaña del candidato y planificando acciones para desestabilizar la gestión del gobernador Axel Kicillof.

La denuncia fue radicada ante el fiscal subrogante Álvaro Garganta, quien ahora espera recibir la documentación que respalde los hechos expuestos por el Gobierno. Entre los elementos mencionados en el escrito figuran supuestos proyectos de ley en materia de seguridad redactados por los uniformados, que serían presentados en caso de un triunfo electoral de Bondarenko. También se habría detectado una lista con nombres y lugares estratégicos dentro de la fuerza, pensados para organizar medidas de presión interna como eventuales protestas salariales.

Fuentes oficiales confirmaron que todo comenzó con una denuncia anónima que dio lugar a una auditoría interna por parte de Asuntos Internos de la Policía bonaerense. Esa auditoría incluyó el análisis de computadoras de los agentes involucrados y la reconstrucción de movimientos, detectándose reuniones no autorizadas en dependencias policiales, en horario laboral, donde —según la investigación— se delineaban estrategias políticas a favor del candidato.

Una alta fuente del Gobierno bonaerense afirmó que se halló material impreso y digital con planes de acción electoral, proyecciones hacia 2027, y esquemas sobre cómo modificar la estructura de la fuerza policial: a quién ascender, a quién jubilar y qué cambios implementar en políticas de seguridad. “La auditoría interna comprobó que la denuncia anónima era real”, sostuvo.

Desde el entorno de Kicillof recordaron que la Policía no puede realizar actividades políticas partidarias ni sindicalizarse. Por el momento, los 24 uniformados fueron suspendidos, a la espera de las conclusiones de las investigaciones administrativa y judicial que podrían definir su futuro dentro de la fuerza.