La Justicia de San Luis resolvió dejar sin efecto las fianzas impuestas y las prisiones preventivas de los seis imputados en la causa por la errónea transferencia de más de 510 millones de pesos desde el Gobierno provincial a una cuenta particular. No obstante, la investigación judicial sigue en curso.
El hecho ocurrió a comienzos de mayo, cuando Verónica Acosta recibió en su cuenta de Mercado Pago un total de $510.236.811 desde una cuenta oficial del gobierno puntano. La transferencia, según se investiga, se habría producido por un error administrativo o una operación automatizada.
Tras recibir los fondos, Acosta comenzó a realizar compras y transferencias a familiares. El caso fue denunciado por las autoridades provinciales, lo que derivó en la imputación de Acosta y cinco allegados.
Los acusados enfrentan cargos por defraudación especializada, uso indebido de tarjeta de débito, fraude a la administración pública y retención indebida.
Inicialmente, la Justicia había fijado una fianza de $30 millones en total (unos $5 millones por cada imputado), además de ordenar la prisión preventiva para todos ellos. Sin embargo, según confirmó el abogado defensor Hernán Echeverría a la Agencia Noticias Argentinas (NA), ambos requisitos fueron recientemente anulados.
Pese a este alivio en las condiciones de detención, el procesamiento de los imputados sigue vigente. El letrado sostuvo que el hecho se originó por una operación bancaria “aparentemente errónea o automatizada, sin participación activa dolosa por parte de los imputados”.




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