Apenas se supo que Eduardo Casal debería opinar sobre la
condena contra Cristina Kirchner por el caso Vialidad, expertos judiciales
coincidieron en un pronóstico: el Procurador General de la Nación ratificaría
el pedido de sus colegas fiscales, que en instancias inferiores habían pedido
que la expresidenta fuera condenada a 12 años de prisión como presunta jefa de
una asociación ilícita para robarle al Estado.
Y así fue. Hace un par de semanas, Casal reclamó esta
sentencia ante la Corte, lo que implicaría duplicar el castigo que impusieron
los jueces del Tribunal Oral, la Cámara Federal y la Casación, que incluyó
además la inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos.
Un escenario similar empieza a comentarse en ámbitos
judiciales, pero también políticos, respecto a qué decisión podría tomar la
Corte Suprema. Pocos creen que los miembros del máximo tribunal vayan a
apartarse demasiado de lo que ya definieron otros jueces en varias oportunidades.
Pronóstico temible para Cristina. La pregunta es cuándo saldrá ese fallo.
Hasta hace unos meses, se daba casi por descontado que la
decisión quedaría para después de las elecciones, con la lógica de que la
Justicia no interferiría en el proceso de las urnas. Incluso, la preocupación K
sobre una traba a la candidatura de Cristina se concentraba sobre todo en el
proyecto de Ficha Limpia.
Pero los tiempos cambiaron. El proyecto para evitar
postulaciones de condenados por corrupción quedó en el camino tras una
sospechosa pirueta de un par de aliados del Gobierno nacional en el Senado. Y
la idea de la no intromisión judicial en años electorales entró en debate;
tanto, que nadie se atreve a vaticinar fechas para la sentencia de la Corte.
El tribunal que hoy componen sólo tres de los cinco jueces
habilitados por ley para ocupar sus cargos revisará por primera vez el
expediente Vialidad. Con antecedentes poco favorables para el kirchnerismo: aun
con la interna feroz con la que conviven el presidente Horacio Rosatti + Carlos
Rosenkrantz vs. Ricardo Lorenzetti, en temas de corrupción K vienen siendo
coincidentes y lapidarios contra los exfuncionarios.
El dato es clave porque las dos sillas vacantes en la Corte
obligan a la unanimidad de los tres integrantes para que salga un fallo. En el
caso de la Ruta del Dinero K, por ejemplo, cuando Rosenkrantz planteó la
necesidad de una consulta al Procurador, hubo que llamar a dos conjueces. Pero
ni siquiera ahí zafaron los acusados. Y más: seis fueron enviados a la cárcel.
Los tiempos de Cristina y la Corte
Tras la confirmación de su candidatura en la Tercera Sección
electoral de la provincia de Buenos Aires, de cara al comicio local del 7 de
septiembre, corren para Cristina dos fechas clave: el 9 de julio cierran las
alianzas y el 19 las listas.
Es decir, la Corte todavía tiene más de un mes para fallar
sobre Vialidad. Y lo que en otras causas podría parecer poco tiempo, en este
caso fue calificado como "una eternidad" por una fuente que sigue día
a día la investigación.
En la Justicia asocian algunos movimientos políticos a esta
posibilidad de que el máximo tribunal emita una decisión sobre la expresidenta
en las próximas semanas. ¿Cuáles? Desde las críticas de dirigentes a que la
Corte "no puede funcionar con tres miembros" a que un senador opositor
haya presentado un proyecto para ampliar el cuerpo a siete miembros.
"La casta política no quiere ver a un dirigente preso,
por más que sea su rival. Funcionan así, como corporación. Pero como contaron
ustedes (por Clarín), Milei y Karina ya avisaron que no quieren debatir cambios
en la Corte hasta después de las elecciones", amplió la misma fuente.
En una típica maniobra para demorar un fallo, Cristina
recusó a principios de mes a Lorenzetti, porque el juez había dejado trascender
que le pediría celeridad a sus colegas para avanzar en una definición. La Corte
aún no le respondió, pero esto tampoco sería una traba suficiente por sí sola
para llegar hasta la elección.
Como también adelantó este diario, en caso de confirmarse la
sentencia contra Cristina, no podría asumir como diputada por la condena a seis
años de cárcel (que cumpliría con prisión domiciliaria) y por la inhabilitación
a ocupar cargos públicos.
Sus seguidores, igual, prometen resistencia. Y se aferran a
los fueros: insisten en que una vez que se confirme su candidatura, el 19 de
julio, ya estará protegida.




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