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La frase fue dicha en marzo de 2024 por el director de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), Diego Spagnuolo, durante una reunión con Ian Moche, un niño de 12 años diagnosticado con autismo, y su madre, Marlene Spesso. La conversación tuvo lugar a poco de que Spagnuolo, abogado personal del presidente Javier Milei, asumiera como titular del organismo.
Ian, conocido en redes sociales por su activismo sobre el autismo, y su madre, referente en la defensa de derechos de personas con discapacidad, buscaban interiorizarse sobre el enfoque que tendría la nueva gestión. Sin embargo, el encuentro derivó en un fuerte contrapunto.
Según relató Marlene, en medio del intercambio, Spagnuolo expresó: “¿Qué derechos? ¿El derecho de no pagar peaje? ¿El derecho de no pagar una patente? ¿Por qué vos no pagás y yo sí?”. La frase generó desconcierto e indignación.
La reunión fue organizada por un contacto en común y se desarrolló en la sede de la agencia. Spesso buscaba saber cómo sería el nuevo abordaje estatal sobre discapacidad. Según explicó, Spagnuolo les adelantó que el Estado dejaría de solventar pensiones y que serían las familias y el sector privado quienes debían asumir el sostenimiento económico.
“Nos dijo que si tu hijo nació con discapacidad, la responsabilidad era de la familia”, contó la madre. La respuesta la motivó a plantear su desacuerdo: “No podés quitarles a las personas con discapacidad un derecho que ya tienen”.
La polémica frase surgió en ese contexto, y fue presenciada por Ian. “Después me preguntó por qué era tan insensible”, reveló Marlene. Agregó que su hijo insistió en la necesidad de seguir hablando sobre el autismo para combatir el desconocimiento que enfrentan las personas con discapacidad.
Cabe recordar que en febrero de 2025, Spagnuolo firmó una resolución que modificó los criterios para otorgar pensiones no contributivas por discapacidad. En el texto oficial se utilizaron expresiones como “idiota”, “imbécil” y “retardado mental”, lo que generó un fuerte rechazo público. Aunque hubo disculpas oficiales, el director del organismo no fue removido; en cambio, dos empleadas de menor rango fueron desplazadas.
Consultados por el diario La Nación, voceros del funcionario no respondieron a los pedidos de aclaración. Marlene aclaró que su hijo no percibe pensión por invalidez.
En diálogo con el medio, la madre también denunció el deterioro del sistema de salud y la falta de cobertura de tratamientos esenciales: “Nuestros hijos se quedaron sin terapias, sin acompañantes, sin traslados. Hay angustia. Y quienes sí cobran una pensión de discapacidad deben esperar 7 u 8 horas para ser auditados, a veces hasta se les pide que intenten pararse, siendo personas en sillas de ruedas”.
También apuntó contra el proceso de renovación de certificados de discapacidad, que, según explicó, hoy requiere requisitos difíciles de cumplir, como certificados de neurólogos infantiles inexistentes en el sistema público de algunas provincias.
Si bien reconoció que los problemas no comenzaron con este gobierno, aseguró que se han profundizado: “Todos los gobiernos fueron sacándole un vaso de agua a la pecera. Hoy el pez se está muriendo asfixiado”.
Para Marlene, lo más preocupante es el enfoque que transmite la actual administración: “Parece que consideran que la discapacidad es un gasto a eliminar. Ven a las personas como números, no con sensibilidad ni comprensión. Eso es violencia institucional”.
GENERAL JUAN MADARIAGA El Tiempo
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