En el marco de una investigación por supuesto lavado de dinero, la Justicia ordenó este sábado el allanamiento de la tercera obra social más grande del país.
Se trata de Osprera de la Unión de Trabajadores Rurales y
Estibadores (UATRE) y que actualmente es la segunda prestadora de servicios de
salud más importante del país, con cerca de 735 mil afiliados, detrás de la de
Empleados de Comercio y delante de UPCN, el gremio de estatales nacionales.
Según datos de la Superintendencia de Servicios de Salud, la
obra social recibió $26.090 millones del Estado en los últimos cuatro años. No
obstante, no logró regularizar una deuda prestacional de más de 43 mil millones
de pesos y registró en un año 16.410 reclamos de afiliados.
A raíz de esto, el Poder Ejecutivo dispuso en agosto la
intervención por el término de 180 días, a cargo del Ministerio de Salud y con
la posibilidad de prorrogar el plazo en caso de ser necesario. Sin embargo, un
fallo judicial le devolvió el manejo de la obra social a su titular y dejó
inactiva a la decisión del Gobierno.
Fue un dirigente del mismo gremio en La Plata quien denunció
al jefe de UATRE, José Voytenco, por llevar una vida con "lujos que no se
condeciría con la actividad sindical".
Marcelo Andrada, secretario general del sindicato en La
Plata, planteó que había una supuesta disonancia entre el patrimonio atribuido
al secretario general del sindicato a nivel nacional, Voytenco, y su actividad
como representante de los trabajadores rurales.
La denuncia le atribuye la construcción de una “mansión” en
un club de campo en Cañuelas, una colección de relojes de lujo y vuelos en
aviones privados. Según informó el medio La Nación, sus ingresos superaban los
14 millones de pesos en calidad de presidente de Osprera.
La denuncia solicita investigar si hubo irregularidades
administrativas en el manejo de fondos millonarios. Puntualmente, pide
investigar el flujo de dinero a través de tres posibles entradas: su obra
social, Osprera, el Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores
(Renatre), a cargo de los recursos del fondo de desempleo, y los contratos con
empresas por los seguros por sepelios.
El Juzgado Federal en lo Criminal y Correcional N1 de Lomas
de Zamora, a cargo de Federico Villena, puso la lupa sobre la obra social y no
sólo dispuso allanarla sino también suspendió a todo su directorio.
También resolvió que la Superintendencia de Servicios de
Salud adopte "las medidas de control, supervisión y gestión que estime
necesarias, en particular, ejecutar las acciones pertinentes, a fin de
garantizar la normalización y continuidad del servicio de cobertura".
Asimismo, el juez le requirió al organismo que depende del
Ministerio de Salud elaborar un informe sobre “los libros de actas del
directorio de la Osprera, los inventarios y balances, y las operaciones
realizadas”. Es decir, le solicitó analizar qué pasó con el dinero.
Finalmente, el magistrado ordenó la inhibición general de
bienes y la inmovilización de las cuentas bancarias de Voytenco. De esta
manera, la Superintendencia de Servicios de Salud volverá a posicionarse dentro
de Osprera luego de la frustrada intervención que intentó realizar en agosto.
Ahora la entidad que depende del Ministerio a cargo de Mario
Lugones tendrá que elaborar un informe sobre el flujo del dinero en la obra
social investigada.
GENERAL JUAN MADARIAGA El Tiempo
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