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La Cooperativa de luz local COEMA adhirió en las últimas
horas a un extenso comunicado que lanzó la Federación de Cooperativas de
Electricidad y Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires (FECOBA) en
donde se advierte sobre el franco deterioro de la situación económica de cada
una de las asociadas por la escalada inflacionaria y el persistente atraso en
las facturas de luz.
Todo esto forma parte de un combo que ha derivado en
problemas para realizar obras de mejoras durante años y eso se traduce luego a
problemas para mantener las redes funcionando adecuadamente.
El escrito advierte también los problemas que afrontan
quienes acceden a los Consejos Directivos de las Cooperativas y a las
crecientes críticas que deben soportar por parte de la ciudadanía ante un
problema que no pueden mitigar al no poder contar con dinero para realizar
obras de mantenimiento y mejoras que lleven a que haya menos cortes y mejores
materiales.
El texto completo de la carta:
Federación de Cooperativas de Electricidad y Servicios
Públicos de la Provincia de Buenos Aires (FEDECOBA) expone su creciente
preocupación por el agravamiento de la situación económica y financiera de las
cooperativas asociadas que la conforman, distribuidoras del servicio de energía
eléctrica en más de 150 pueblos y ciudades bonaerenses.
Así, en un contexto de creciente inflación, con tarifas
reguladas por el Estado provincial por debajo de los costos propios de la
prestación del servicio eléctrico (materiales, mano de obra, insumos,
combustibles, entre otros), las empresas sociales autogestionadas por los
propios vecinos reclaman una recomposición de ingresos que les permita
equilibrar sus ingresos para afrontar sin quebrantos los egresos, y poder así
cumplir con las obligaciones emanadas por el marco regulatorio eléctrico
provincial para sostener la calidad de un servicio comunitario esencial. Una
muestra de la situación aquí planteada es el reciente comunicado emitido por un
grupo de cooperativas del noroeste provincial, aunque similar situación se
repite en todo el territorio.
En este sentido, se recuerda que la Ley 11.769 -de Marco
Regulatorio Provincial- indica que “el costo propio de distribución a reconocer
deberá proveer, a los distribuidores que operen en forma económica y prudente,
recursos necesarios para cubrir los costos normales y razonables de
comercialización y de explotación del servicio, costos de capital, amortización
y renovación de equipos e instalaciones, expansiones de las redes necesarias
para atender las obligaciones especificadas en los respectivos contratos de
concesión, tributar los impuestos, y obtener una tasa de rentabilidad
equiparable a la de otras actividades de riesgo similar...” (art. 42, inc. C
primera parte).
Esta situación ya fue expuesta en reiteradas ocasiones al
Gobierno provincial, quien tiene la potestad de fijar la readecuación tarifaria.
En este sentido el subsidio otorgado a los distribuidores cooperativos, si bien
es valorado por el sector como un gesto de reconocimiento muy positivo, ha
resultado insuficiente puesto que se licua con la vorágine inflacionaria que
impacta fuertemente en los costos. FEDECOBA ya lo advertía -junto a las demás
federaciones provinciales del sector- hace algunos meses “que la economía de
nuestras comunidades corre serio riesgo pues las cooperativas, que son una de
las principales empresas en la mayoría de los pueblos del interior bonaerense,
están altamente endeudadas y próximas a entrar en cesación de pagos, lo cual no
sólo perjudicará al comercio sino, aún peor, va a resentir las inversiones, el
empleo e incluso los servicios por falta de fondos”.
A este panorama se suma también la desazón de los dirigentes,
elegidos democráticamente en las asambleas de cada cooperativa, que
históricamente han gestionado de manera eficiente estas empresas comunitarias y
que -por una serie de circunstancias adversas y ajenas a sus decisiones- hoy se
encuentran amenazadas en su supervivencia exponiéndolos ante la comunidad como
“malos administradores”. Los integrantes de los Consejos de Administración son
asociados usuarios que circunstancialmente han sido elegidos para administrar
una empresa de propiedad conjunta de los mismos y deben bregar por mantener
inversiones acordes a un servicio eléctrico de calidad poniendo su responsabilidad
patrimonial en cada acto.
Así, desde las cooperativas eléctricas crece el estado de
preocupación al observar cómo se agotan los recursos con peligrosas
consecuencias para las economías locales en donde han sido por décadas el motor
del desarrollo con equidad. Por eso, el sector cooperativo eléctrico está ante una
situación límite que inexorablemente hace suponer no sólo el quiebre de los
cumplimientos de pago (abonar la factura por compra de energía exige resignar
el pago de otros proveedores locales, atrasos impositivos, incumplimiento de
obligaciones paritarias con los trabajadores, etc.), sino una grave crisis a
nivel comunitario pues las cooperativas son actores insustituibles en la vida
social y económica de cientos de pueblos del territorio provincial.
Los canales de diálogo y trabajo en conjunto con el Estado
provincial se mantienen. En esa línea, “trabajamos para que, entre todos,
podamos encontrar rápida- mente una solución que permita la sustentabilidad de
las empresas cooperativas, en beneficio de los propios asociados-usuarios que
han elegido el modelo asociativo para desarrollarse en comunidad”, expusieron
desde la federación.
GENERAL JUAN MADARIAGA El Tiempo
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