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La justicia ya sabe que Fernando André
Sabag Montiel pertenece a un grupo radicalizado que frecuenta la escena under
de Capital Federal. Una facción de ellos tiene gustos y ponderan al nazismo y
defenestran a la clase política.
Con los datos recolectados en las últimas
horas la jueza María Eugenia Capuchetti pidió que dejen de trascender los
avances en la investigación porque el atacante de Cristina Fernández muy
posiblemente no haya actuado sólo. Además, sucedió algo muy extraño con el
celular secuestrado y, ahora, la Policía Federal también quedó en la mira judicial.
Todos son eventualmente sospechosos: los amigos del atacante e investigadores
ligados a una fuerza federal.
Fue un domingo atípico en los tribunales
de Comodoro Py porque hubo mucho movimiento en el tercer piso. Citaron como
testigos a los dos peritos técnicos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria
(PSA) y a los peritos de la Policía Federal Argentina (PFA) que intentaron
desbloquear el teléfono celular de Sabag Montiel.
Los investigadores buscan saber por qué
podría haberse perdido la información del Samsung A50, una prueba clave para la
causa, que mientras estaba en poder de los investigadores mostró la leyenda
“formateado de fábrica”, lo que significaría que estaría limpio, como nuevo.
Según fuentes judiciales, el celular fue secuestrado apenas
Sabag Montiel fue detenido en la noche del jueves y entregado en un sobre
cerrado al juzgado de Capuchetti. La primera fuerza que intervino sobre el
teléfono, durante las primeras horas del viernes, fue la PFA. Ese sobre fue abierto
frente al personal del juzgado y las partes en Comodoro Py y, en ese mismo
lugar, los técnicos de la Policía lo conectaron a una computadora propia para
desbloquearlo con un software de origen israelí llamado UFED, según relataron
fuentes judiciales. De acuerdo con lo que informaron, después de una serie de
intentos de desbloquear la clave y extraer su contenido, concluyeron que el
proceso no tuvo éxito (”El peritaje tuvo resultado negativo”, en términos
judiciales) y se resolvió guardar el aparato en una caja fuerte del juzgado.
Todo este proceso está documento en la causa, dijeron en los tribunales.
A lo que sí se accedió y se está peritando es a la
información de la tarjeta SIM y de la tarjeta de memoria del teléfono,
sostuvieron.
En la noche del viernes, cuando Capuchetti y Rívolo fueron a
tomarle declaración indagatoria al imputado a la sede de la Policía Federal de
la calle Cavia, en Capital Federal, le preguntaron si estaba dispuesto a
desbloquear su teléfono. El imputado respondió que por el momento no y se negó
a declarar.
Luego el teléfono pasó del juzgado a manos de la PSA. La
jueza Capuchetti envió un oficio a esa fuerza para pedirle que colaborara con
la investigación e intentara desbloquear el celular con una versión premium del
mismo software UFED. Y durante la noche del mismo viernes, la jueza hizo
llegar, en un auto con su custodio personal, el celular en un sobre a la sede
de la PSA en Ezeiza.
Allí lo recibieron técnicos de esa fuerza y cuando
intentaron desbloquearlo, se encontraron con que el teléfono estaba formateado.
Según fuentes de la PSA, el teléfono les había llegado en un
sobre papel madera que estaba abierto y no estaba “en modo avión”. En el
juzgado de Capuchetti sostienen que nunca se cortó la cadena de custodia del
aparato y que, en cuanto a lo técnico, están escuchando a los especialistas
para saber con precisión qué pasó.
Este domingo, las autoridades judiciales les toman
declaración a los expertos de la PSA y de la PFA para reconstruir los aspectos
técnicos del desbloqueo del celular, por qué no se logró, y si se puede
intentar por otra vía recuperar la información. “Confiamos en que se
recuperará”, dijeron fuentes judiciales.
Fuentes de la cartera de Seguridad dijeron que a sus
expertos les preguntaron por el procedimiento que se llevó a cabo sobre el
teléfono y que informaron que lo habían recibido en sobre abierto “sin planilla
de cadena de custodia”, prendido y con fallas de inicio. Que les preguntaron
sobre la posibilidad de un borrado remoto y si era factible determinar cuándo
se había eliminado la información, algo que sería “poco probable”, según los
expertos de la PSA.
Frente a las críticas, desde la Policía Federal, que
responde al ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, respondieron que
entregaron en un sobre el teléfono a las 7 de la mañana al juzgado y que,
luego, estuvo a cargo del juzgado.
Mientras declaran los peritos de las fuerzas federales,
también se busca obtener mayor información sobre el entorno del imputado que
gatilló un arma a centímetros de la cabeza de Cristina Kirchner. Fue citado
para hoy un amigo de Sabag Montiel de nombre Mario, que habló en una entrevista
con el Telefé y dijo: “Yo creo que su intención original era matarla, sí, pero
lamentablemente no ensayó antes”. Por ahora, Sabag Montiel es el único imputado
en el caso, informaron en los tribunales.
En cuanto al teléfono, las autoridades judiciales se
preguntan si alguien que supiera la clave del aparato pudo haber bloqueado de
manera remota el acceso al Samsung. La pareja de Sabag Montiel, que habló en
una entrevista televisiva hace dos días, podría ser citada para responder estas
preguntas, dijeron en Comodoro Py.
Respecto de la noche en que ocurrió el atentado contra la
vicepresidenta, el juzgado hace un trabajo secuencial y analiza las cámaras de
seguridad de la ciudad de Buenos Aires y material de cámaras privadas de la
zona que rodea el edificio de Cristina Kirchner, en las calles Juncal y
Uruguay, para saber cómo llegó el imputado al lugar de los hechos y si lo hizo
solo o acompañado.
GENERAL JUAN MADARIAGA El Tiempo
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