Batán no recibirá más presos y pidieron mejoras urgentes

Un informe pormenorizado de la Asesoría Pericial de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires expone las graves falencias edilicias que arrastra desde hace más de una década la Unidad Penal N°15 de Batán, donde recientemente la Justicia de Mar del Plata prohibió el ingreso de nuevas personas detenidas y condenadas hasta tanto se inicie un plan integral de obras.

En la recorrida que hizo en octubre del año pasado la jueza Mariana Irianni, se advirtieron “a simple vista profundas perforaciones en los pisos de los pabellones, fisuras en los techos, derrumbes de la estructura del muro de una de las alas del sector de los talleres (encontrándose en uso el otro lado), pérdidas de agua, baños y letrinas en un estado de decadencia absoluta, tendido eléctrico a la vista, caída de mampostería y rotura de vidrios”, entre otras problemáticas de infraestructura.

Esto encendió una gran alarma en la titular del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N°1 de Mar del Plata, al tener en cuenta que la situación no solo afecta a las personas que están privadas de su libertad sino que condiciona directamente el trabajo del personal del Servicio Penitenciario Bonaerense que cumple funciones dentro de la cárcel.

Por otra parte, se advirtieron “faltantes y roturas” importantes en las instalaciones de los baños, al punto de ser tildados como “inutilizables”, y se afirmó que “la red de gas cuenta con instalaciones precarias y antirreglamentarias en cuanto a conexiones y los artefactos de cocina se encuentran destruidos”.

El mismo ingeniero recordó que “desde el año 2008 han venido realizando informes periciales en la Unidad Penal N°15, poniendo de manifiesto cómo paulatinamente se iba degradando la edificación a causa de la inacción en relación a la falta de mantenimiento y obras, que hubieran permitido, -de llevarse a cabo las mismas-, la conservación de los materiales y las instalaciones que componen la unidad”.

Frente a este estado de situación, otro de los ingenieros solicitó a las autoridades correspondientes avanzar con cinco medidas “urgentes” para evitar “derrumbes o pérdidas de vidas humanas”. Entre ellas, exigió “terminar con las filtraciones de agua” y para ello propuso hacer en pabellones cubiertas de chapa, a dos aguas, con caída libre a patios laterales y rehacer pendientes en circulaciones, colocando membranas geotextiles.

Después, consideró que en el sector de talleres de la cárcel se debe avanzar con la demolición de los paneles de mampostería. Y en última instancia, instó a “rehacer la instalación eléctrica y de gas”, “reacondicionar la red cloacal” y “reforzar el sistema contra incendios, colocando tanques de agua para tener presión en hidrantes”.

Hasta tanto no se subsanen cada una de estas cuestiones, seguirá vigente la prohibición cautelar que resolvió hace una semana la jueza Irianni. El 14 de noviembre está previsto que se haga otra audiencia para evaluar el plan de puesta en valor que eventualmente debe presentar el ministerio de Justicia y Derechos Humanos y “las diversas posibilidades de implementación en orden a los proyectos que se consideren asequibles instrumentar”.

Es que la problemática en la cárcel se agrava, además, por su grado de superbolación carcelaria. Según datos del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) actualizados al 31 de agosto, había 1596 internos en el penal 15 de Batán, cuando su capacidad real es para 1106 personas. Y un escenario similar se advierte en la otra unidad del complejo, la número 44, donde están alojadas 532 personas cuando su capacidad es para 410.