El próximo miércoles 20 de octubre el ex intendente Cristian
Popovich debe presentarse en indagatoria ante el fiscal Mario Pérez en la causa
en la que se lo investiga por un supuesto fraude contra la administración
pública e incumplimiento de los deberes de funcionario público al hacer pagos a
empresas por el traslado de polvo de piedra a empresas privadas que luego
fueron hechos por un mismo camión del municipio. A eso se le agrega que a la
hora de pagarle a las compañías de transporte involucradas los cheques se
endosaron dos veces y terminaron siendo depositados en la mismísima cuenta del
ex intendente.
CNM accedió al informe pericial que realizó un contador que
resultó determinante en el avance de la causa. Martín Ayala fue el perito
contador que determinó que “hay irregularidades compatibles con el delito
denunciado”. Son tres los depósitos en las cuentas de acusado de sumas de
dinero iguales a los cheques del municipio. Además, ni Marina Juárez, ni
transportes Kil hicieron los viajes por los cuales cobraron; dice el escrito.
El análisis de la documentación se inició a finales de
junio. De allí se desprende a simple vista que los días 23 de enero, 29 de
enero y 19 de febrero de 2015 se emitieron cheques que terminaron endosados y
depositados en la cuenta del Banco provincia del propio jefe comunal, Cada uno
era de 34.020 pesos aproximados. En uno de los casos el cheque estaba a nombre
de Mariana Juárez pero ni siquiera tenía su firma aunque igual pudo ser
depositado.
Las guías de traslado, que son obligatorias por ley para
llevar este tipo de minerales de un sitio a otro, fueron de vital importancia.
Las firmas involucradas y a las cuales se les hicieron los cheques habían ganado
licitaciones directas, pero nunca fueron a la cantera Tandileufú (Tandil);
Mientras que de Yaraví Minera (de Mar del Plata) se pudieron identificar sólo
viajes hechos con un camión municipal.
En este punto el perito aclara que el circuito
administrativo con las pruebas colectadas no es del todo claro aunque,
sostiene, que la maniobra de pago al proveedor deja en evidencia la existencia
de irregularidades compatibles con un delito.
Explica además que todo el circuito de compra, contratación
y traslado no es muy claro ni detallado por la documentación recolectada.




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