En un fallo dictado este viernes por el Juez subrogante del Juzgado Federal de Dolores, Dr. Martín Bava, se dispuso el procesamiento y se trabó embargo a dos funcionarios del Municipio de Pinamar, involucrados en el presunto fraude perpetrado con tarjetas del Plan Alimentar.
El Juez señaló en su resolución, que se investiga una
organización de personas que, de modo coordinado, permanente, con roles y
funciones diferenciadas se dedicó a cometer delitos, particularmente en
perjuicio de la Administración Pública Nacional y de personas vulnerables
beneficiarias de fondos públicos asistenciales que el Estado Nacional destinaba
para comprar alimentos.
Que concretamente la organización sustrajo fondos públicos
que pertenecían al “Programa Alimentar”, utilizando indebidamente las tarjetas
mediante las cuales se accedía y disponía de esos fondos, privando al real
beneficiario de la asistencia dispuesta por el Estado Nacional.
En esta resolución se analizaron las conductas que se le
endilgan al ex secretario de Desarrollo Social, Javier Simón Tumas y Nora Analía Ponce, quienes “por acción o por
una severa negligencia, imprudencia u omisión consiente” posibilitaron que los
restantes imputados pudieran consumar la maniobra perjudicial para con el
Estado Nacional y los titulares de las “Tarjetas Alimentar”.
Se puntualizó en la resolución, tener por acreditado que
Tumas mientras se desempeñó como Secretario de la Secretaría de Desarrollo
Social y Deportes de la Municipalidad de Pinamar, omitió realizar los deberes
propio de su cargo y omitió controlar adecuadamente a quien estaba bajo su
órbita jerárquica, Nora Ponce, quien era la encargada de la ejecución,
implementación y entrega de los plásticos de débito del programa “Tarjetas
Alimentar” a sus beneficiarios.
Sobre esta última, quien era Directora de la Dirección de
Gestión y Control Territorial dependiente de la Secretaría de Desarrollo Social
y Deportes de la Municipalidad de Pinamar, señaló que deliberadamente omitió
custodiar las “Tarjetas Alimentar” que debía entregar a sus beneficiarios,
permitiendo que terceras personas sustrajeran los fondos del mencionado Plan,
cuya administración y custodia tenía por la función que desempeñaba.
Particularmente resaltó el Dr. Bava, que examinados los
hechos consideró tener por acreditada la existencia del delito en el que
participaron Javier Simón Tumas y Nora Analía Ponce, por lo correspondía dictar
su procesamiento.
Luego de analizar el Plan Alimentar y los convenios que se
firmaron para su instrumentación, particularmente entre la Provincia y los
municipios, el Juez refirió de las actuaciones administrativas que tras la
denuncia realizaron el Banco Provincia y la Municipalidad de Pinamar a fin de
deslindar responsabilidades de los funcionarios y/o empleados que pudieron
haber intervenido en los hechos, puntualizando de los distintos testimonios
receptados en el marco judicial, las pericias realizadas, como las tareas y
responsabilidades de los dos imputados cuya situación debía resolver.
Y luego de un análisis pormenorizado del caso el Magistrado
señaló, que entendía configurado un grave y deliberado incumplimiento al deber
de resguardo y custodia que tenía la Sra. Ponce en su rol de funcionaria
pública de las tarjetas bajo su custodia. También consideró configurado un
grave y deliberado incumplimiento al deber de control y vigilancia de parte del
Sr. Tumas, en su rol de funcionario público a cargo de la Secretaría de
Desarrollo Social y Deportes, por no haber efectuado las verificaciones ni
controles que debía realizar sobre la gestión y desarrollo del programa
“Tarjeta Alimentar”, como tampoco verificar si estaban debidamente resguardadas
las tarjetas plásticas que Ponce tenía en custodia.
Sobre las responsabilidades penales endilgadas a Ponce y de
Tumas señaló más adelante, que ellas se enmarcaban en el contexto que son o
fueron funcionarios públicos, que los hechos se cometieron durante su
desempeño, que ninguno de los dos acudieron a las vías jerárquicas para dar
cuenta de las irregularidades que conocieron en su momento. Que Tumas la
denunció luego de más de tres meses de conocido el hecho, y solo a raíz de la
exposición pública de un allanamiento, en tanto que Ponce recién lo hizo cuando
el primero denunció la cuestión al Intendente.
Y resaltó que se había comprobado que a través de la falta
de control y vigilancia por parte de Tumas y la deliberada ausencia de custodia
y resguardo de las “Tarjetas Alimentar” que tenía Ponce, los restantes
coimputados se hicieron y accedieron indebidamente a las tarjetas plásticas no
entregadas, de la que otros procesados hicieron usos de sus saldos mediante
terminales electrónicas de pago, todo ello mientras los plásticos estaban bajo
custodia del Municipio de Pinamar.
Por ello el Juez Federal subrogante Dr. Martín Mario Bava
resolvió dictar el “procesamiento sin prisión preventiva” de Nora Analía Ponce
(de 47 años) y Javier Simón Tumas (de 44), por considerarlos prima facie
autores y/o partícipes necesarios de diversos delitos, disponiendo asimismo
trabarles embargo sobre los bienes o dinero hasta cubrir la suma de 12.000.000
de pesos.
GENERAL JUAN MADARIAGA El Tiempo
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