PINAMAR: Procesaron y embargaron por 12 millones de pesos a dos exfuncionarios de Desarrollo Social

En un fallo dictado este viernes por el Juez subrogante del Juzgado Federal de Dolores, Dr. Martín Bava, se dispuso el procesamiento y se trabó embargo a dos funcionarios del Municipio de Pinamar, involucrados en el presunto fraude perpetrado con tarjetas del Plan Alimentar.

El Juez señaló en su resolución, que se investiga una organización de personas que, de modo coordinado, permanente, con roles y funciones diferenciadas se dedicó a cometer delitos, particularmente en perjuicio de la Administración Pública Nacional y de personas vulnerables beneficiarias de fondos públicos asistenciales que el Estado Nacional destinaba para comprar alimentos.

Que concretamente la organización sustrajo fondos públicos que pertenecían al “Programa Alimentar”, utilizando indebidamente las tarjetas mediante las cuales se accedía y disponía de esos fondos, privando al real beneficiario de la asistencia dispuesta por el Estado Nacional.

En esta resolución se analizaron las conductas que se le endilgan al ex secretario de Desarrollo Social, Javier Simón Tumas y Nora Analía Ponce, quienes “por acción o por una severa negligencia, imprudencia u omisión consiente” posibilitaron que los restantes imputados pudieran consumar la maniobra perjudicial para con el Estado Nacional y los titulares de las “Tarjetas Alimentar”.

Se puntualizó en la resolución, tener por acreditado que Tumas mientras se desempeñó como Secretario de la Secretaría de Desarrollo Social y Deportes de la Municipalidad de Pinamar, omitió realizar los deberes propio de su cargo y omitió controlar adecuadamente a quien estaba bajo su órbita jerárquica, Nora Ponce, quien era la encargada de la ejecución, implementación y entrega de los plásticos de débito del programa “Tarjetas Alimentar” a sus beneficiarios.

Sobre esta última, quien era Directora de la Dirección de Gestión y Control Territorial dependiente de la Secretaría de Desarrollo Social y Deportes de la Municipalidad de Pinamar, señaló que deliberadamente omitió custodiar las “Tarjetas Alimentar” que debía entregar a sus beneficiarios, permitiendo que terceras personas sustrajeran los fondos del mencionado Plan, cuya administración y custodia tenía por la función que desempeñaba.

Particularmente resaltó el Dr. Bava, que examinados los hechos consideró tener por acreditada la existencia del delito en el que participaron Javier Simón Tumas y Nora Analía Ponce, por lo correspondía dictar su procesamiento.

Luego de analizar el Plan Alimentar y los convenios que se firmaron para su instrumentación, particularmente entre la Provincia y los municipios, el Juez refirió de las actuaciones administrativas que tras la denuncia realizaron el Banco Provincia y la Municipalidad de Pinamar a fin de deslindar responsabilidades de los funcionarios y/o empleados que pudieron haber intervenido en los hechos, puntualizando de los distintos testimonios receptados en el marco judicial, las pericias realizadas, como las tareas y responsabilidades de los dos imputados cuya situación debía resolver.

Y luego de un análisis pormenorizado del caso el Magistrado señaló, que entendía configurado un grave y deliberado incumplimiento al deber de resguardo y custodia que tenía la Sra. Ponce en su rol de funcionaria pública de las tarjetas bajo su custodia. También consideró configurado un grave y deliberado incumplimiento al deber de control y vigilancia de parte del Sr. Tumas, en su rol de funcionario público a cargo de la Secretaría de Desarrollo Social y Deportes, por no haber efectuado las verificaciones ni controles que debía realizar sobre la gestión y desarrollo del programa “Tarjeta Alimentar”, como tampoco verificar si estaban debidamente resguardadas las tarjetas plásticas que Ponce tenía en custodia.

Sobre las responsabilidades penales endilgadas a Ponce y de Tumas señaló más adelante, que ellas se enmarcaban en el contexto que son o fueron funcionarios públicos, que los hechos se cometieron durante su desempeño, que ninguno de los dos acudieron a las vías jerárquicas para dar cuenta de las irregularidades que conocieron en su momento. Que Tumas la denunció luego de más de tres meses de conocido el hecho, y solo a raíz de la exposición pública de un allanamiento, en tanto que Ponce recién lo hizo cuando el primero denunció la cuestión al Intendente.

Y resaltó que se había comprobado que a través de la falta de control y vigilancia por parte de Tumas y la deliberada ausencia de custodia y resguardo de las “Tarjetas Alimentar” que tenía Ponce, los restantes coimputados se hicieron y accedieron indebidamente a las tarjetas plásticas no entregadas, de la que otros procesados hicieron usos de sus saldos mediante terminales electrónicas de pago, todo ello mientras los plásticos estaban bajo custodia del Municipio de Pinamar.

Por ello el Juez Federal subrogante Dr. Martín Mario Bava resolvió dictar el “procesamiento sin prisión preventiva” de Nora Analía Ponce (de 47 años) y Javier Simón Tumas (de 44), por considerarlos prima facie autores y/o partícipes necesarios de diversos delitos, disponiendo asimismo trabarles embargo sobre los bienes o dinero hasta cubrir la suma de 12.000.000 de pesos.