El Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N° 1
de Dolores dispuso para el 6 del mes próximo la audiencia preliminar del juicio
oral para los ocho jóvenes que están detenidos acusados de haber asesinado a
golpes a Fernando Báez Sosa a la salida de un boliche de la ciudad balnearia de
Villa Gesell, en enero del años pasado.
Se trata de la audiencia de carácter
técnico donde las partes se reúnen para depurar las pruebas y testigos que se
exhibirán o citarán en las audiencias del juicio.
En la notificación –según informó la
agencia de noticias Télam–, el tribunal, integrado por los jueces María Claudia
Castro y Christian Rabaia, indicó que la audiencia se iniciará a las 11 de ese
día y tendrá carácter “semipresencial”, debido a los protocolos vigentes por la
pandemia del coronavirus.
Los jueces decidieron que las “partes
técnicas” (magistrados, secretarios, el fiscal de juicio Juan Manuel Dávila y
los abogados de las partes –Fernando Burlando y Fabián Améndola, como
representantes de la familia de la víctima, y Hugo Tomei, como defensor de los
acusados –, deberán asistir de manera presencial, pero los ocho detenidos no
serán trasladados y verán la audiencia desde el penal “en forma remota,
mediante la utilización de la plataforma Microsoft Teams”.
En otro punto de la resolución, el TOC 1
exhortó a las partes “a celebrar en forma conjunta –en la medida de lo
posible–, acuerdos probatorios centrando el objeto del juicio de manera tal de
evitar reproducción de prueba superabundante o superflua, con el
correspondiente dispendio jurisdiccional que ello trae aparejado”.
El debate oral todavía no tiene una fecha,
pero ello podría definirse al cabo de las audiencias preliminares.
De acuerdo a la elevación a juicio firmada
en febrero pasado por el juez de Garantías David Mancinelli, y confirmada en
abril por la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Dolores,
enfrentarán el proceso oral Máximo Thomsen, de 21 años; Ciro Pertossi, 21;
Luciano Pertossi, 19; Lucas Pertossi , de 22; Enzo Comelli, 21; Matías
Benicelli, de 21; Blas Cinalli, 20, y Ayrton Viollaz, (22).
Los ocho detenidos acusados de matar a Báez Sosa en la madrugada del 18 de enero de 2020 frente al boliche Le Brique están imputados del delito de “homicidio doblemente agravado por alevosía y por el concurso premeditado de dos o más personas”, y cumplen prisión preventiva en la Alcaidía 3 del penal de Melchor Romero.
En el juicio se debatirán además las
responsabilidades penales de todos ellos por las lesiones sufridas por cinco
amigos de Fernando, que se encontraban con él cuando fue asesinado.
En el marco de la investigación del
homicidio, fueron sobreseídos otros dos jóvenes, acusados de ser partícipes
necesarios: Juan Pedro Guarino, de 19 años y Alejo Milanesi, de 20.
Ataque grabado
De acuerdo a la instrucción del caso, el
crimen de Fernando se produjo “entre las 4.41 y las 5 del 18 de enero de 2020,
frente al local bailable ubicado en Avenida 3 y Paseo 102, pleno centro de
Gesell. El ataque quedó registrado por cámaras de seguridad y en teléfonos celulares
de personas presentes en la zona, por lo que los sospechosos fueron
identificados y detenidos horas más tarde en la casa que alquilaban, a pocas
cuadras del lugar.
Según la investigación, los ocho jóvenes
que serán juzgados “acordaron darle muerte” al joven estudiante de derecho, y
para ello “previamente, distribuyeron funcionalmente sus roles”, luego de que
“minutos antes, al encontrarse en el interior del local bailable, tuvieran un
altercado” con él, “quien se encontraba acompañado con su grupo de amigos”.
La fiscal Verónica Zamboni, a cargo de la
investigación, indicó en su pedido de elevación a juicio que “aprovechándose
del estado de indefensión de la víctima, con el fin de darle muerte y cumplir
con el plan acordado, los acusados le propinaron” en el suelo “varias patadas
en su rostro y cabeza”, y los golpes le produjeron “lesiones corporales
internas y externas” que “provocaron su deceso en forma casi inmediata, al
causarle un paro cardíaco producido por shock neurogénico debido a un traumatismo
grave de cráneo”.
La representante del Ministerio Público
precisó además que “luego de su cometido”, los jóvenes “se dieron a la fuga del
lugar, pretendiendo lograr su impunidad, habiendo sido aprehendidos por
personal policial en las inmediaciones del lugar de los hechos”.
Tras la elevación a juicio, los imputados
renunciaron a la posibilidad de ser sometidos a un juicio por jurados, porque
consideraron que no era posible conformar un tribunal ciudadano que no
estuviera condicionado, debido a “la incuestionable y lapidaria condena social
que se instaló” a través de los medios.




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