La Justicia Federal de Rosario impuso esta tarde condenas de hasta siete años y seis meses de cárcel a distintos acusados de una organización que cometió un millonario fraude al Estado mediante cobro de reintegros con facturas truchas desde Rosario.
La estructura incluyó contadores, informáticos, administrativos, gestores y vendedores cuyos roles iban desde la creación de empresas fantasmas, su inscripción en la AFIP y la generación de facturas falsas con las que se hacían constar servicios o bienes inexistentes. En un período de dos años, finalizado en diciembre de 2016, eso generó un perjuicio para el Estado calculado en más de 15 millones de dólares.
La investigación que llevó a juicio a 17 personas comenzó con una denuncia realizada ante la justicia federal por Afip en marzo de 2017. Allí se daba cuenta que por tareas desarrolladas por la División Investigaciones 1 de la Dirección Regional Rosario y la División Regional Centro II de AFIP se habían detectado maniobras de constitución de empresas ficticias con el objetivo de comercializar comprobantes apócrifos, los cuales una vez incorporados en los registros de compra por parte de los usuarios permitían reducir las bases de cálculo de los impuestos de IVA y a las Ganancias.
“Es importante considerar que estos delitos no son delitos sin víctimas. No es que se monta un fraude que no impacta en nadie. Las víctimas somos todos. No se siente el efecto concreto pero son delitos graves. ¿Cuántos jardines de infantes se podrían haber construido? ¿Cuántos programas para jóvenes con problemas de inserción laboral? ¿Cuántas vacunas se podrían haber comprado con el monto evadido?”, se preguntó el fiscal federal Federico Reynares Solari.
Lo que se expuso en el juicio es cómo un grupo de personas comercializaba facturas electrónicas lo que permitió a las áreas de investigación del ente recaudador empezar a investigar los números IP que identifican a una computadora en particular desde las cuales se confeccionaban estos comprobantes. Con la solicitud de informes de se analizó la información que los propios usuarios cargaban en AFIP. Así se llegó a un número de 18 empresas presuntamente apócrifas. Al examinar la facturación de las mismas, solo en el período que va de enero de 2015 a diciembre de 2016 se determinó que emitieron comprobantes por $1.204.276.275, lo que generó un perjuicio para el fisco de $247.315.951. A la cotización de fines de diciembre de 2016 esa suma significaba algo más de 15 millones de dólares.
En la investigación, el fiscal federal Reynares sostuvo que los contribuyentes truchos que armaron empresas falsas no tenían capacidad económica para desarrollar la actividad que declaraban. Al ser pesquisados sus niveles de vida se estableció que no pagaban impuestos, no poseían bienes registrables o acreditaciones bancarias, sumado que no presentaban solicitudes de impresión de formularios manuales. En algunos casos tenían socios insolventes y no acreditaban domicilios fiscales verdaderos. Esos insolventes que aparecían como titulares de facturas eran a veces, según el fiscal, albañiles o cuidacoches a los que se les pedían los nombres.
Este miércoles a la tarde el juez del Tribunal Oral Federal 3 Osvaldo Facciano difundió el veredicto para todos los juzgados. Fueron condenadas 16 personas y solamente una de las imputadas absuelta por el beneficio de la duda. Entre los condenados se contaron el comerciante Ricardo Astudillo, que recibió siete años y seis meses de prisión; la contadora María Cristina Ottaviano (seis años), el también contador Eduardo José Cayetano Furini (padre) - (cinco años) y el gestor Marcelo Miranda Cairo (cinco años y seis meses). A los contadores les incorporaron por añadidura la inhabilitación para desempeñar sus profesiones por el mismo tiempo de la pena recibida.
Por otro lado también fueron condenados los miembros de un segundo escalón del grupo constituido por Marcelo Liporaci (siete años y seis meses), a quien se les atribuyó poseer usinas de facturación propias junto al contador Furini (padre), e intercambiar estos comprobantes con ambos grupos. Fueron sentenciados asimismo Adrián Zeballos (siete años), Atilio José Miotti (cuatro años y tres meses) y Néstor Rubén Tesorero (cuatro años).
En un tercer renglón aparecen personas que actuaban como empleados administrativos de estos grupos que se encargaban de la confección de comprobantes. A todos se les requirieron penas de tres años de ejecución condicional.
Este tipo de delitos de guante blanco raramente llegan a juicio. Tampoco es usual que se pidan medidas de prisión preventiva para autores de delitos contra el orden penal tributario como ocurrió en este caso donde los principales acusados tuvieron que afrontar tiempos de estadía en cárceles. Cuando se desencadenó este caso, el 5 de julio de 2017, el juez federal ordenó más de 15 allanamientos, en los que se detuvo a las cinco personas luego acusadas como organizadores de este fraude fiscal, a las que inhibió movimientos comerciales y bancarios además de prohibirles la salida del país.
Al final de su veredicto, el juez Facciano ordenó el decomiso de dinero secuestrado en la investigación en los distintos lugares allanados. Las sumas ascienden a 39.235 dólares, 806.787 pesos y 1.405 euros, así como elementos informáticos.
GENERAL JUAN MADARIAGA El Tiempo
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