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Una ayuda social para familias sin recursos, una secretaria que robó sin ser descubierta y una banda que estafó al Estado en dos millones de pesos. Así podría resumirse la causa por la que hoy están procesadas y detenidas cinco personas. Se trata del caso de las “Tarjeta Alimentar” de Pinamar, un robo hormiga para vaciar los plásticos que no habían sido usadas durante la pandemia. Los acusados pensaban que no serían detectados. Sin embargo, una vez que el caso se denunció, las pruebas estaban allí porque los propios protagonistas dejaron las huellas de su delito: llamaban al 0800 del Ministerio de Desarrollo Social para saber cuánto saldo les quedaba en las tarjetas robadas para seguir gastando, según se desprende del fallo.
En enero de 2020, el Ministerio de Desarrollo Social de la
Nación creó el Plan Nacional “Argentina contra el Hambre” y entregó las
llamadas “Tarjeta Alimentar” que están destinadas a familias vulnerables. El
único autorizado para usarla era el titular de la tarjeta, para comprar
alimentos. El Estado giraba a distintas entidades bancarias asignadas el
dinero. Una vez dado de alta un beneficiario en el Programa Nacional Alimentar,
se informa la situación a la entidad bancaria que corresponda para que imprima la
tarjeta a nombre del beneficiario.
La causa penal se inició por la denuncia de Nora Ponce,
directora General de Gestión y Coordinación Territorial de la Municipalidad de
Pinamar. Según se explicó, un beneficiario de la tarjeta alimentar fue hasta la
oficina a retirar el plástico que le correspondía, pero la tarjeta no tenía
saldo. “Cuando detecto que hay un monto que no corresponde no hago la entrega,
le pido a la titular que por favor me espere, hago las consultas pertinentes al
Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, el cual me informa que no había
habido movimientos y que los saldos habían sido utilizados”, aseguró Ponce
púbicamente. “No había manera de que esto sea así, porque la tarjeta no había
sido entregada. Hago la consulta al banco, a la entidad bancaria, para ver si
el banco había hecho algún movimiento, que tampoco había sido así. A raíz de
eso decido realizar la correspondiente denuncia en la fiscalía”, agregó la
funcionaria. El intendente Martín Yeza, de Juntos por el Cambio, informó del
caso, que generó críticas por parte de la oposición local.
La UFI Especializada en Delitos de Corrupción de
Funcionarios de Dolores, a cargo de Mario Pérez, tomó intervención de
inmediato. El juzgado de Garantías 6 de Villa Gesell, a cargo de Diego Olivera
Zapiola, ordenó una serie de allanamientos en marzo pasado en busca de los
papeles sobre la tarjeta alimentar, y terminó con el arresto de seis personas,
dos de ellas empleadas municipales.
La historia se centra en Andrea Ríos, de 52 años, la
secretaria de Nora Ponce que -afirmó la acusación- se apoderó de al menos 55
tarjetas del programa ALIMENTAR del Ministerio de Desarrollo Social de la
Nación. Cuando le tocó declarar, Ríos rechazó los cargos. Afirmó que “nunca
tuvo en su poder las tarjetas, que nunca las sacó de la oficina, que las
tarjetas las manejaba directamente ‘su jefa’, la Sra Nora Ponce, quien las
tenía en una caja que ella (Ponce) llevaba y traía permanentemente”. Ríos
esquivó las imputaciones diciendo que en un momento dado “la caja con las
tarjetas (que tenía Ponce) quedaron debajo de la escalera ‘a disposición de
cualquiera’”.
Sin embargo, la acusación sostuvo que fue ella la que le dio
esas tarjetas a su marido, José “Pepito” Fons, de 61 años, corredor
inmobiliario y administración de un hostel. Y éste a su vez a Nicolás Ambao, de
47. Carlos Fabian Rosas, de 51 años e instructor de artes marciales, y Diego
Borea, de 40 , que trabajaba como sereno en una empresa de logística, fueron
claves a la hora de usar las tarjetas “falsamente” en comercios a “través de
múltiples operaciones”. Vía “Naranja pos” registraron un gasto de $ 592.000 y
en “Terminal Posnet” se apropiaron de $1.500.000.
Con el secuestro del material y las detenciones, el juzgado
se declaró incompetente y le pasó la causa a la justicia federal de Dolores: es
que los fondos afectados pertenecían al Estado Nacional. El fiscal federal de
Dolores Juan Pablo Curi los acusó ante el juez subrogante Martín Bava por
defraudación en perjuicio de la administración pública y asociación ilícita.
La sexta detenida fue Cecilia Pecarrere, alias “Peca”, la
otra empleada municipal, sobre quien no se encontraron elementos suficientes
para vincularla a la maniobra. Actualmente quedó con una falta de mérito y se
la sigue investigando. Mientras tanto, Rosas intentó convertirse en
arrepentido, pero sus dichos no aportaron más de lo que ya tenía el fiscal Curi
en la causa y rechazó el acuerdo.
“Entre Ambao, Rosas, Borea, Fons y Ríos, existe una
vinculación no solo a nivel personal sino también a nivel comercial, las cuales
dieron origen a las maniobras que perjudicaron a la Administración Pública”,
dijo el juez en su resolución. “No solo se habría perjudicado al Estado
Nacional y - consecuentemente- a 55 beneficiarios de las “Tarjetas Alimentaria
Familiar”, sino que existirían suficientes indicios que darían cuenta que
podría ser aún mayor los montos nacionales sustraídos indebidamente y el número
de afectados”, se señaló.
El fallo señaló que “más allá que la cuestión vinculada al
acceso a la dependencia municipal donde estaban resguardadas las tarjetas será
una cuestión deberá ser profundizada, lo cierto es que existen suficientes
elementos que permiten sostener válidamente que la hipótesis más razonable -de
momento- es que Ríos -abusando de esa confianza y con la amplia disposición que
tenía del lugar- fue quien sustrajo las tarjetas alimentar de la repartición
municipal y se las entregó a su marido para que las distribuya entre los
restantes operarios de las terminales electrónicas de pago: Carlos Fabián Ríos
y Nicolás Carlos Francisco Ambao (quien las usó con la terminal que estaba a
nombre del Sr. Diego Antonio Borea, pero que éste le había dado para concretar
el perjuicio las consultas al 0800 que los imputados hacían para conocer los
saldos que registraban las tarjetas alimentar que sustrajeron, de modo tal que
corroboraron que la Sra Ríos era una de las que (también) hacía ese tipo de
consultas”.
Para la causa quedó acreditado que “los dispositivos
electrónicos de pago usados en -al menos- 55 tarjetas alimentar que no fueron
entregadas a sus beneficiarios ni devueltas al Ministerio de Desarrollo Social
en su momento (esto es, mientras estuvieron a resguardo de la Sra Ponce en el
área municipal indicada) fueron los que usaron Diego Antonio Borea (Visa
Posnet) y Carlos Fabián Rosas (Naranja Pos) quienes -de ese modo y prima facie-
sustrajeron fondos públicos destinados a personas vulnerables por un total
aproximado de más de $ 2.000.000”.
“Para poder disponer del dinero que sustraían de las
tarjetas, una vez acreditadas las liquidaciones de las operaciones
electrónicas, realizaban transferencias bancarias la cuenta bancaria de Borea
(Terminal Visa Posnet, Banco Santander) a favor de Ambao (Banco ICBC) y Rosas
(Terminal Naranja Pos, Banco Itaú, Wilobank) quienes eran los que retiraban el
efectivo”, se añadió.
A la hora de dictar los procesamientos, el juez dispuso la
prisión preventiva porque tanto Ambao, Fons como Ríos registraban antecedentes
penales y podían buscar eludir la acción de la Justicia. Se dictó un embargo
sobre sus bienes por 10 mil millones de pesos para cada uno. Las defensas ya
presentaron apelaciones y será la Cámara Federal de Mar del Plata la que tendrá
que resolver el fallo.
FUENTE; INFOBAE
GENERAL JUAN MADARIAGA El Tiempo
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