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Funcionarios kirchneristas y jóvenes militantes de La
Cámpora sin problemas de salud. Los Moyano. "Amigos" del -ahora, ex-
ministro de Salud, Ginés González García. Ellos fueron inoculados con la vacuna
Sputnik V y saltearon la lista de espera de los trabajadores de la salud y las
personas de riesgo.
A casi dos meses del inicio de la campaña de vacunación
contra el Covid-19, sobran casos testigos que expusieron arbitrariedad en la
asignación de las dosis, que, de por sí, son escasas. En paralelo, desaparecieron
vacunas, se descartaron lotes por perder su cadena de frío, se acusó al
oficialismo de sacar politizar la vacunación, y la oposición presentó un
proyecto para modificar el Código Penal, con el fin de penalizar la violación
del orden de beneficiario.
El último caso que despertó polémica fue la vacunación
"de privilegio" del periodista Horacio Verbitsky, quien, si bien es
mayor de 70 años -tiene 79-, se acercó el jueves a recibir la primera dosis al
Ministerio de Salud, por invitación de González García, a quien llamó "su
viejo amigo". En el edificio de Avenida 9 de Julio también se estaba
vacunando a funcionarios y empleados públicos que trabajan allí y que no forman
parte de la lista de prioridad.
En el transcurso de la semana, también fueron focos de crítica
los gobiernos municipales de al menos cuatro localidades de la provincia de
Buenos Aires y dos de la provincia de Santa Cruz, en las que se vacunaron
intendentes y sus familias; empleados públicos, y militantes oficialistas. En
la mayoría de los casos, se desplegaron acusaciones cruzadas entre las
autoridades de los hospitales y los referentes de las carteras de Salud
provinciales, quienes buscaron desligarse de la supervisión del plan de
vacunación. Otra excusa con la que se justificó el incumplimiento del orden de
prioridades fue el "sobrante de dosis".
El propio ministro de Salud bonaerense, Daniel Gollan, dijo
que los municipios vacunaron a personas fuera de riesgo para no "tirar la
vacuna". Lo hizo luego de que un concejal de Juntos por el Cambio, Luis
Pérez, denunciara, días atrás, que en Henderson -ciudad cabecera del partido de
Hipólito Yrigoyen- se usó un excedente de dosis para inocular a empleados
municipales, familiares de funcionarios y militantes del Frente de Todos.
"Se ha vacunado con el exceso de vacunas a nueve personas que tenían la
posibilidad de recibir la vacuna, si no, había que descartar la quinta dosis
[del paquete]. La alternativa era tirar la vacuna", justificó Gollan, en
una conferencia de prensa.
Algo similar ocurrió en Navarro, 125 kilómetros al suroeste
de la ciudad de Buenos Aires, en donde otro concejal opositor advirtió que fue
convocado a vacunarse, luego de que lo hicieran otros concejales del Frente de
Todos. "El intendente [oficialista, Facundo Diz] explicó que mucho personal
de salud se rehusó a vacunarse, que sobraban dosis y que por eso se vacunó
gente que no se tenía que vacunar. La justificación es esa", dijo Mateo
Natalini (JxC), en diálogo con Todo Noticias.
En un video que registra una sesión del concejo deliberante
local, se ve cómo Natalini pide explicaciones del plan de vacunación a la
presidenta del cuerpo, Paola Magiotti (Frente de Todos), y la mujer evade la
respuesta, alegando que "se termina el cuestionario, por decisión de la
presidenta". "Eso es autoritarismo", dispara Natalini.
"Totalmente", retruca Magiotti.
Renuncias de funcionarios municipales
El precedente de denuncias radica en la localidad bonaerense
de San Andrés de Giles, a 100 kilómetros de la capital, en donde a fines de
enero renunciaron dos concejalas del Frente de Todos, tras haber sido acusadas
por la oposición de haber recibido la vacuna rusa sin que les correspondiera.
Junto a ellas, se vacunaron al menos 20 personas más. "Fui llamada porque
una persona no respondía el llamado del vacunatorio", se excusó Laura
Branchini, una de las ediles, en un comunicado oficial. "En ningún modo se
trató de un acto de abuso de poder y no obré, bajo ninguna circunstancia, de
mala fe", sostuvo Mariana Cané, la otra concejala.
Otros 100 kilómetros más al sur, en Chivilcoy, entre el
miércoles y el jueves últimos, se difundieron fotos de jóvenes de 18 años
recibiendo la vacuna Sputnik V, a quienes se vinculó con La Cámpora. Mientras
que el intendente Guillermo Britos (Conceso Federal), apuntó a la provincia por
gestionar los turnos, la responsable de la región sanitaria competente,
Carolina Di Nápoli, escribió en Twitter que "la supervisión del
cumplimiento de la vacunación al personal del sistema sanitario es
responsabilidad del hospital municipal".
La arbitrariedad en la campaña de vacunación también tuvo un
capítulo en Santa Cruz, territorio kirchnerista por excelencia, en donde fueron
vacunadas más de diez personas afines al oficialismo, que no entran en los
grupos considerados "esenciales". Entre ellas, el intendente de
Comandante Luis Piedrabuena -Federico Bodlovic-, junto a su padre, su mujer,
los miembros del Comité de Emergencia local y un chofer del municipio. Fue
despedido el director del hospital, Mario Tripputi. En otra localidad
santacruceña, Gobernador Gregores, fue vacunado el diputado oficialista Juan
Benedicto Vázquez, de 54 años.
También en la Patagonia, la Justicia de Chubut investigó la
desaparición de 30 dosis de Sputnik V del Hospital Regional de Comodoro
Rivadavia en enero, y determinó que fueron robadas por enfermeros para vacunar
a referentes del sindicato de Camioneros chubutense, que encabeza el exdiputado
Jorge Taboada, cercano a Hugo Moyano.
Pérdida de la cadena de frío
A las 30 dosis desaparecidas en Chubut se suman otras 140
unidades de la vacuna rusa que la provincia debió descartar por negligencia,
tras perderse la cadena de frío, en el hospital de Trelew. Lo mismo ocurrió en
la localidad bonaerense de Olavarría, en donde se perdió un lote de 400 dosis,
por el mismo motivo, en el Hospital de Oncología "Luciano Alfredo
Fortabat", y el intendente opositor, Ezequiel Galli, culpó a La Cámpora
por estar a cargo del centro sanitario.
Entre dosis perdidas, el retraso en la llegada de más
unidades y la distribución de las vacunas sin criterio, aún no se ha terminado
de vacunar al personal de salud, y recién el jueves comenzó la vacunación de
adultos mayores. En este contexto, un grupo de diputados de la oposición
encabezado por Waldo Wolff presentó el jueves un proyecto de modificación del
Código Penal que tipifica como delito la asignación de vacunas a quien no
corresponda -en el orden de prioridad-, y establece como agravante de la pena
que esa persona sea un funcionario público. El proyecto también busca penalizar
el uso de la campaña de vacunación como propaganda política.
El fiscal federal Guillermo Marijuan denunció ayer a
González García por el escándalo de los vacunados en el Ministerio de Salud y
solicitó que la investigación "se amplíe a todos aquellos casos que se
compruebe que no han cumplido con el orden establecido por el Plan
Estratégico" en las distintas jurisdicciones.
GENERAL JUAN MADARIAGA El Tiempo
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