La denuncia que una mujer hizo en la ciudad de Necochea tras
advertir que había sido víctima de una estafa informática por la que le sacaron
248 mil pesos de una cuenta bancaria dio origen a una investigación que
permitió establecer que las llamadas telefónicas provenían de la cárcel de Cruz
del Eje, en el noroeste cordobés.
A partir de los datos analizados se estableció que todas las
llamadas salieron del complejo carcelario Adjutor Andrés Abregú, de Cruz del
Eje. Mientras que desde el Juzgado de Control y de Faltas 10 de Córdoba se
ordenó un allanamiento tras el pedido de la Justicia de Necochea, también se
ordenó un operativo en una finca ubicada en el barrio Azalais. En ese lugar
vivía el destinatario de las transferencias e usuario de la línea de teléfono
utilizada para concretar la maniobra fraudulenta.
Al igual que en otros hechos similares, con marcado
crecimiento en este 2020, había distintas estrategias para convencer a los
potenciales damnificados y lograr, bajo la promesa de una recompensa mayor, la
entrega de datos personales o el cambio de claves en cajeros automáticos.
En algunos casos se ofrecía el premio de una promoción de la
empresa telefónica que consistía en dos celulares de alta gama más 50 mil pesos
en efectivo o se hablaba de un supuesto beneficio tramitado en ANSES. En los
llamados –que se hacían desde la prisión- indicaban la necesidad de verificar
datos y de esa manera ponían en marcha la estafa.
Una vez convencida la víctima, en cualquiera de los casos,
la hacían ir al cajero con la tarjeta de débito y tras una nueva llamada
telefónica le indicaban que debía hacer algunas operaciones adicionales como
cambiar la clave de home banking y obtener la clave token.
Con esos datos en su poder, el estafador tomaba pleno
control de las cuentas y las vaciaba. Hacían transferencias a otras cuentas
-abiertas a nombre de personas indigentes- y también realizaban solicitudes de
préstamos, con lo que, además de perder sus ahorros, las víctimas quedaban con
una deuda.
"Llamaban al azar, informándole a la gente que habían
ganado un premio de una promoción o habían sido acreedores del IFE. Los hacían
ir hasta un cajero automático, les hacían ingresar sus datos personales,
incluso las contraseñas, y por medio de sus CBU les vaciaban las cuentas y les
hacían tomar préstamos personales de hasta $300.000", explicó una fuente
oficial a este medio.
Una de las organizaciones estaba integrada por dos presos y
un cómplice fuera de los muros del penal -mujeres y hombres con nexos directos
con esos reclusos- quienes se encargaban de retirar de los cajeros automáticos el
dinero de las víctimas.
Los investigadores entienden que esos cómplices serían
quienes ingresaran de forma clandestina en la cárcel los celulares, chips y
cargadores con los que, desde sus celdas, los internos que participaban de la
estafa pudieron hacer las llamadas a las víctimas.
Para la Justicia, al menos tres personas integraban una
banda y en la otra eran dos, por lo que se analizan imputaciones por el delito
de asociación ilícita y estafas reiteradas.
GENERAL JUAN MADARIAGA El Tiempo
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