NECOCHEA: Desde la cárcel volvieron a atacar los estafadores y le sacaron 248 mil pesos

La denuncia que una mujer hizo en la ciudad de Necochea tras advertir que había sido víctima de una estafa informática por la que le sacaron 248 mil pesos de una cuenta bancaria dio origen a una investigación que permitió establecer que las llamadas telefónicas provenían de la cárcel de Cruz del Eje, en el noroeste cordobés.

A partir de los datos analizados se estableció que todas las llamadas salieron del complejo carcelario Adjutor Andrés Abregú, de Cruz del Eje. Mientras que desde el Juzgado de Control y de Faltas 10 de Córdoba se ordenó un allanamiento tras el pedido de la Justicia de Necochea, también se ordenó un operativo en una finca ubicada en el barrio Azalais. En ese lugar vivía el destinatario de las transferencias e usuario de la línea de teléfono utilizada para concretar la maniobra fraudulenta.

Al igual que en otros hechos similares, con marcado crecimiento en este 2020, había distintas estrategias para convencer a los potenciales damnificados y lograr, bajo la promesa de una recompensa mayor, la entrega de datos personales o el cambio de claves en cajeros automáticos.

En algunos casos se ofrecía el premio de una promoción de la empresa telefónica que consistía en dos celulares de alta gama más 50 mil pesos en efectivo o se hablaba de un supuesto beneficio tramitado en ANSES. En los llamados –que se hacían desde la prisión- indicaban la necesidad de verificar datos y de esa manera ponían en marcha la estafa.

Una vez convencida la víctima, en cualquiera de los casos, la hacían ir al cajero con la tarjeta de débito y tras una nueva llamada telefónica le indicaban que debía hacer algunas operaciones adicionales como cambiar la clave de home banking y obtener la clave token.

Con esos datos en su poder, el estafador tomaba pleno control de las cuentas y las vaciaba. Hacían transferencias a otras cuentas -abiertas a nombre de personas indigentes- y también realizaban solicitudes de préstamos, con lo que, además de perder sus ahorros, las víctimas quedaban con una deuda.

"Llamaban al azar, informándole a la gente que habían ganado un premio de una promoción o habían sido acreedores del IFE. Los hacían ir hasta un cajero automático, les hacían ingresar sus datos personales, incluso las contraseñas, y por medio de sus CBU les vaciaban las cuentas y les hacían tomar préstamos personales de hasta $300.000", explicó una fuente oficial a este medio.

Una de las organizaciones estaba integrada por dos presos y un cómplice fuera de los muros del penal -mujeres y hombres con nexos directos con esos reclusos- quienes se encargaban de retirar de los cajeros automáticos el dinero de las víctimas.

Los investigadores entienden que esos cómplices serían quienes ingresaran de forma clandestina en la cárcel los celulares, chips y cargadores con los que, desde sus celdas, los internos que participaban de la estafa pudieron hacer las llamadas a las víctimas.

Para la Justicia, al menos tres personas integraban una banda y en la otra eran dos, por lo que se analizan imputaciones por el delito de asociación ilícita y estafas reiteradas.