MADARIAGA: Alerta por posibles fiestas ilegales para recibir la primavera

 

La ciudad tiene tradición de festejos por el día del estudiante y la llegada de la primavera. La estudiantina es el reflejo fiel de ellos con convocatorias cercanas a las 10.000 personas: Pero en medio de la pandemia y con una ciudad al borde del colapso sanitario por el avance del coronavirus a nivel local, las autoridades expresaron su máxima preocupación ante reuniones de más de 10 personas o eventuales fiestas.

 

Durante este fin de semana, las autoridades locales quedaron en alerta ante posibles mensajes que pudieran circular en redes sociales o grupos de WhatsApp llamando a algún encuentro de más de 10 concurrentes.

 

Son varios los rumores que colocan lugares apartados del casco urbano o inclusive campos como sitios de reunión pero ninguno pudo ser corroborado aún. Es más, hasta algunos deejays fueron consultados sobre eventuales contrataciones.

 

Además ayer hubo contactos con el fiscal local Walter Mercuri, por parte de autoridades locales, para pedirle asesoramiento de alcances y normativas del Código Penal para aplicar eventualmente ante esta clase de faltas.

 

Si bien todos los delitos relacionados con la violación al Decreto Presidencial son de la órbita federal, en los cuales el fiscal local no tiene injerencia, se explicó que todo lo que se pueda imputar a los que violen la normativa es excarcelable.

 

La violación de la cuarentena o del artículo 205 -como se lo llama- ha provocado más de 3.000 causas en el Juzgado Federal de Dolores de Alejo Ramos Padilla. De todas ellas sólo unas 100 tuvieron como castigo el pago de una multa o una donación y, las demás, sólo quedaron como un antecedente con la inmediata liberación del aprehendido.

 

Mercuri advirtió acerca de esto y les explicó que ante un evento masivo –como el que podría llegar a organizarse- se vuelve muy difícil poder ingresar a una propiedad privada por lo cual las autoridades sólo deberían esperar en el acceso e ir capturando a los concurrentes. Sólo en caso de desobediencia o resistencia a la autoridad se iniciaría otro proceso que recaería en la fiscalía local.

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