Luis Rafael Caputo es martillero público y trabaja como perito tasador para la justicia de Dolores. El pasado 29 de julio tuvo que viajar a Madariaga para realizar un trabajo de campo en una causa por división de bienes y al regresar a su casa en el Partido de la Costa en un control policial instalado en Punta Médanos, sobre la ruta 11, se le informó que debía permanecer aislado por 14 días por llegar de una zona considerada endémica de COVID-19.
Ante esto, y sabiendo que debía regresar en otras ocasiones a Madariaga,
decidió presentar un recurso de amparo que le permitiera continuar con sus
tareas habituales. Pero el Tribunal Oral en lo Criminal 1 de Dolores no avaló
su solicitud y le dio la razón al municipio de La Costa.
El profesional expuso que el decreto Municipal firmado por Cristian
Cardoso que establece la obligatoriedad de la cuarentena preventiva, vulnera la
Constitución Nacional y el derecho que posee para circular libremente y
trabajar.
Pero desde el municipio argumentaron que no hay derechos vulnerado ya
que lo que se busca es proteger la salud de los vecinos de manera colectiva.
Con los datos, los jueces del Tribunal entendieron que la labor del
martillero no era esencial ni urgente y argumentaron que el municipio no busca
más que el bien común de la sociedad sin intenciones de provocar daños a los
bienes o el empleo de Caputo.
Sin embargo, los magistrados Christian Ariel Rabaia, María Claudia
castro y Emiliano Lázzari coincidieron que el amparo, a pesar de haber sido
denegado, no tendrá ningún costo para el martillero.




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