MADARIAGA: el fiscal reconoce irregularidades de la administración de Popovich en el traslado de polvo de piedra

Walter Mercuri evaluó las pruebas presentadas por el municipio en su denuncia contra la administración anterior y admitió que las mismas indican que hubo irregularidades o desprolijidades en los viajes de traslado del polvo de piedra y en la facturación de los mismos.

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Asimismo no descartó llamar a declaración indagatoria a entre tres y cuatro personas, dos de ellos ex funcionarios públicos y los demás propietarios de las transportadoras. De hecho, en horas se librarían las citaciones judiciales para hacerlos comparecer en la sede de la fiscalía en menos de un mes.

Mercuri reconoció que se facturaron una cantidad de fletes que no se hicieron y está esperando un informe de las canteras en donde se formalizaron las compras para contrastarlos con las pruebas que ya cuenta.

Para la formulación de denuncia se tomó un valor testigo de 4.000 pesos por viaje de traslado desde Mar Del Plata a Madariaga. Los números facturados en el 2015 ascienden a más de 1.000.000 de pesos pero las facturas no especifican la cantidad de viajes hechos.

La empresa de Hugo Emilio Riela, domiciliado en Pinamar, emitió facturas por 525.000 pesos y la de Mariana Juárez por 484.00. Casi todos los viajes habrían sido hechos por un camión de la plantilla municipal e inclusive alguna boleta colocaría a una de las compañías como la vendedora del polvo, cuando en realidad era comercializado por la cantera.

El total de un millón de pesos dividido los 4 mil del valor testigo darían una suma de 250 viajes en un año. Si se tiene en cuenta que cada camión viajó con un lleno total daría la suma de 7.500 toneladas de polvo de piedra en un año.

Para darse una idea, en este 2016 se compraron 1200 toneladas y la cifra está muy cerca de ser histórica para el Presupuesto Participativo. Con los supuestos 250 camiones pagados y cargados se podría haber colocado polvo de piedra desde Invernadas hasta Maipú. Eso es lo lleva al fiscal a pensar que hubo sobreprecios de un servicio que no se brindó.

Mercuri cree que hubo malversación de caudales públicos o fraude en perjuicio de la administración pública y asegura que es difícil de comprobar una asociación ilícita en el ejercicio de la función pública.

Para lograrlo, debería reunir pruebas que lleven a que tres o más personas hayan convenido delinquir. En la teoría con los dos transportistas más los funcionarios que certificaron los viajes y el ex intendente que cobró el dinero podría conseguirlo. De hecho hasta tendría el grado de permanencia de los participantes dentro de la estructura. Pero tendría problemas para lograr armar la línea y la cadena de responsabilidades si no cuenta con información fehaciente que pueda aportar el denunciante o alguno de los testigos. Este delito recordemos es el más grave e incluye penas de 3 a 10 años de prisión.

En tanto, el fiscal se volcaría a la defraudación contra la administración pública con penas de prisión de 2 a 6 años.

Lo cierto es que Popovich se encamina a ser imputado antes de la llegada del otoño.

GENERAL JUAN MADARIAGA El Tiempo