Tuvo una beba a los 16 años, se la robaron y la encontró 45 años después: murió antes de poder llevar a juicio a la acusada

Una causa de la Justicia Federal busca esclarecer la presunta sustracción de una beba que nació el 22 de julio de 1981 en el Centro Médico de Villa Dolores, Córdoba . Según la denuncia, la nena fue separada de su madre biológica , que tenía 16 años, y entregada a otra mujer sin su consentimiento. Casi 45 años después, un análisis de ADN confirmó el vínculo entre ambas, pero la mujer que impulsó la investigación murió antes de que la acusada fuera indagada.

Germán Romero Marcón, abogado querellante y representante de la Comisión de Derechos Humanos, contó a TN que conoció la historia a través de E.M., la mujer que denunció lo ocurrido. Según su relato, ella había llegado desde San Luis a Villa Dolores cuando era adolescente y quedó al cuidado de una familia para la que trabajaba.

De acuerdo con la reconstrucción que hizo el abogado, la joven atravesaba una situación de vulnerabilidad y tenía pocas posibilidades de salir de la casa en la que vivía. “Solo la dejaban salir los domingos”, aseguró. Durante una de esas salidas fue abusada sexualmente y quedó embarazada, indicó Romero Marcón.

Durante el embarazo de E.M., la familia con la que vivía la entregó a otra mujer para que la cuidara, de acuerdo con la denuncia. El abogado afirmó que la adolescente quedó prácticamente aislada y que una mujer que la visitaba sería señalada después como la presunta apropiadora.

La joven dio a luz en el Centro Médico de Villa Dolores el 22 de julio de 1981. Sin embargo, según la versión que relató su abogado, después del parto le dijeron, por toda explicación, que la beba “ya no estaba” , una explicación que no le permitió conocer qué había ocurrido realmente con su hija.

Durante décadas, E.M. no supo dónde estaba la nena ni qué había pasado con ella. Según Romero Marcón, llegó a pensar que podía haber muerto.

La historia tuvo un giro hace cinco años, cuando la hija biológica comenzó a buscar información sobre sus orígenes . Según Romero Marcón, la mujer que la crió, R.M.A., le había dicho que E.M. la había entregado voluntariamente.

Tiempo después, la joven se contactó con otros hijos de E.M. porque sospechaba que podían ser sus hermanos. Les contó que creía que la mujer era su madre biológica.

Antes de que interviniera la Justicia, ambas se sometieron a una prueba de ADN particular, que dio resultado positivo. Más tarde, se realizó un análisis dentro de la causa federal, que también confirmó el vínculo biológico, de acuerdo con lo informado por el querellante.

Cuando E.M. decidió denunciar lo ocurrido, la relación entre ambas se quebró. Romero Marcón sostuvo que E.M. quería que la Justicia estableciera oficialmente la verdad sobre lo ocurrido, más allá del resultado de los estudios genéticos. También tenía la intención de enfrentar a la mujer señalada como responsable de la sustracción.

La investigación tramita ante la Secretaría de Derechos Humanos del Juzgado Federal N°3, a cargo del juez Miguel Vaca Narvaja. La mujer señalada como presunta apropiadora, que ahora tiene 82 años, está imputada por los delitos de sustracción y falsedad ideológica.

La acusada se encuentra en libertad y había sido convocada a declaración indagatoria, pero la audiencia no llegó a concretarse.

La mujer designó como defensora oficial a María Mercedes Crespi, integrante de la Defensoría Pública, quien solicitó que se declare la prescripción de la causa. Ahora deberá resolverse ese planteo.

E.M., la mamá biológica, murió en julio, a los 60 años, a causa de un cáncer. Según relató su abogado, falleció una semana antes de la fecha prevista para la indagatoria de la acusada y no llegó a enterarse de que la audiencia no se realizaría por orden del fiscal.

Tras su muerte, sus otros hijos decidieron continuar con el reclamo para que se esclarezca lo sucedido. “Quiero que se llegue a la verdad”, resumió Romero Marcón al explicar el objetivo de la querella.

Tras la muerte de E.M., A.S.C., otra de sus hijas, pidió ser reconocida como querellante y también solicitó intervenir como actora civil en la causa. Sin embargo, el fiscal general Maximiliano Hairabedián se opuso a que asumiera el rol de querellante, al considerar que no se cumplen los requisitos legales para que un familiar intervenga en esa condición cuando la muerte de la denunciante no fue consecuencia directa del delito investigado.

En cambio, el representante del Ministerio Público Fiscal no objetó que A.S.C. intervenga como actora civil, al entender que acreditó su condición de heredera de E.M. Ambos planteos quedaron sujetos a la decisión del juez federal.

La Justicia deberá resolver ahora los pedidos y determinar el alcance de la participación de A.S.C. en el expediente. También deberá analizarse si existe un conflicto de intereses patrimoniales entre las hermanas, mientras la investigación intenta esclarecer las circunstancias en las cuales la mujer fue separada de su madre biológica al nacer.

Fuente: TN