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Un tratamiento odontológico terminó en una demanda judicial y en una condena por mala praxis en implantes dentales. El Juzgado Civil y Comercial N° 3 de Tandil ordenó a un odontólogo indemnizar a una paciente de 77 años con $15.473.000 y US$8.224.
La sentencia fue dictada por el juez Sebastián Sarde y todavía no está firme. El profesional apeló la resolución y el expediente se encuentra ahora bajo revisión de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de Azul.
La paciente había iniciado el tratamiento en 2013 y en agosto de 2014 le colocaron implantes en la parte superior e inferior de la boca. Sin embargo, recibió una prótesis en la parte superior, mientras que el trabajo correspondiente a la parte inferior quedó inconcluso.
Con el paso del tiempo comenzó a presentar dolores, mal aliento, infecciones, inflamación y dificultades para hablar y masticar. Al consultar con otro odontólogo, también se detectaron problemas en la ubicación de algunos implantes.
Según los informes incorporados al expediente, algunos estaban demasiado cerca entre sí y tres implantes del lado izquierdo presentaban cierto grado de movilidad. El profesional que atendió posteriormente a la mujer consideró que el tratamiento original no había sido planificado correctamente.
La situación obligó a realizar un nuevo tratamiento, que incluyó el retiro de algunos implantes, la recuperación de parte del hueso perdido y la colocación de nuevos implantes.
Durante el juicio también se comprobó que el odontólogo no había presentado la historia clínica completa. Solo aportó una ficha odontológica y un registro con etiquetas correspondientes a ocho implantes de titanio.
Para el juez, la falta de documentación constituyó un elemento relevante para analizar la responsabilidad del profesional. La sentencia calificó la ausencia de la historia clínica como un “serio indicio” en su contra.
En concepto de daño moral, el magistrado estableció una indemnización de $15 millones por los dolores, molestias y padecimientos atravesados por la paciente.
Además, reconoció $173.000 y US$8.224 correspondientes a gastos del tratamiento realizado posteriormente, junto con otros $300.000 por consultas y estudios.
De esta manera, la condena quedó fijada en $15.473.000 más US$8.224.
La aseguradora había planteado que el reclamo estaba prescripto debido al tiempo transcurrido desde el tratamiento. Sin embargo, el juez rechazó ese argumento y consideró cuándo la paciente pudo conocer que sus problemas estaban vinculados con el tratamiento anterior.
El fallo también dispuso actualizar el límite de cobertura de la compañía, originalmente fijado en $200.000, según el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del INDEC desde el vencimiento de la cobertura hasta la fecha de la sentencia.
La resolución aún puede ser modificada, ya que el odontólogo apeló y la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de Azul deberá revisar el fallo.
GENERAL JUAN MADARIAGA El Tiempo
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