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En septiembre de 2024 se supo de la sentencia contra el Ex intendente Cristian Popovich por corrupción y defraudación contra el Estado Municipal por contratar, durante su gestión, transportes para el transporte de polvo de piedra en viajes que no existieron y que fueron abonados: el dinero se abonaba a través de cheques que eran endosados y terminaban depositados en la propia cuenta de Popovich. La pena que recibió sue de 2 años y medio de prisión, no quedó preso por ser una condena excarcelable y lo inhabilitaron para ejercer cargos públicos.
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Ahora, se conoció la sentencia condenatoria firme del juicio abreviado por las irregularidades cometidas durante los años 2014 y 2015, cuando se desempeñaba como titular del Departamento Ejecutivo municipal.
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Fue firmada por el juez Jorge Agustín Martínez Mollard quién estipuló el pago de las costas procesales.
La sentencia detalla operaciones puntuales, entre ellas la emisión de cheques en enero y febrero de 2015 por montos cercanos a los 34 mil pesos, que fueron cobrados o depositados directamente en cuentas personales del exjefe comunal. Estas operaciones quedaron respaldadas por informes bancarios, pericias contables y documentación administrativa.
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Durante el proceso declararon numerosos testigos, entre ellos empleados municipales, autoridades administrativas y personal operativo, quienes coincidieron en describir una mecánica habitual de cobro de cheques por ventanilla. Varias declaraciones señalaron que los empleados eran enviados al banco por orden del intendente y que, tras cobrar el dinero, debían entregarlo directamente a Popovich.
Las declaraciones de choferes municipales y responsables del corralón reforzaron esta versión, al señalar que eran los camiones del municipio los que transportaban el material, sin que se registraran descargas realizadas por las empresas contratadas.
El exintendente optó por no declarar durante la audiencia prevista por la ley, haciendo uso de su derecho. No obstante, el juez consideró que el conjunto de pruebas reunidas permitió desvirtuar el estado de inocencia, acreditando la existencia de un ardid destinado a generar un beneficio económico indebido y un perjuicio al erario público.
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Además de la condena penal, el juzgado reguló los honorarios del apoderado legal de la Municipalidad de General Madariaga por su intervención en representación de la parte damnificada.
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Con esta sentencia, quedó firme una de las causas judiciales más relevantes vinculadas a la gestión municipal de aquellos años, marcando un precedente en materia de responsabilidad penal de exfuncionarios públicos por delitos contra la administración pública.
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Ahora se trabajará en los próximos meses en una demanda civil contra Popovich para recuperar todo el dinero sustraído más la indexación por inflación que, preliminarmente, podría oscilar entre los 160.000 y los 200.000 dólares.
GENERAL JUAN MADARIAGA El Tiempo
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