El Gobierno dio de baja o suspendió más de 80.000 pensiones por discapacidad laboral

El gobierno de La Libertad Avanza avanza con una auditoría masiva sobre las Pensiones No Contributivas por Invalidez Laboral. A través de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), dirigida por el abogado Diego Spagnuolo, ya se dieron de baja o suspendieron más de 80.000 beneficios en todo el país.

Según datos oficiales, un total de 65.230 pensiones fueron suspendidas por diferentes irregularidades, mientras que otras 8.207 fueron renunciadas voluntariamente por los propios beneficiarios, quienes decidieron evitar posibles acciones judiciales al no cumplir con los requisitos exigidos.

Además, otras 6.643 bajas correspondieron a beneficiarios fallecidos, cuyos familiares continuaban cobrando indebidamente el aporte estatal.

En conjunto, el Estado dejó de abonar 80.080 Pensiones No Contributivas, lo que representa un ahorro mensual de más de $23.000 millones ($23.143.120.000). El cálculo se basa en los $289.000 mensuales que percibía cada titular: $219.000 por el 70% de la jubilación mínima y un bono de $70.000.

Desde el Gobierno estiman que, una vez finalizada la auditoría, las bajas podrían superar los 250.000 casos.

¿Por qué se suspenden o dan de baja?

Las principales razones de suspensión incluyen:

No cumplimiento de los requisitos mínimos.
Inasistencia reiterada a las auditorías médicas sin justificación.
Cobro del beneficio por personas fallecidas.

En caso de no responder a la citación, los beneficiarios reciben hasta tres notificaciones: carta documento con cita médica, una segunda intimación, y una advertencia bancaria. Si no se presentan, se procede a la suspensión y posterior baja definitiva.

Las auditorías están a cargo de médicos del PAMI y personal de la ANDIS. Se revisan los documentos que justifican la condición médica y es obligatorio presentar el DNI, el Certificado Único de Discapacidad (CUD) —si se posee— y los certificados médicos que justificaron el otorgamiento del beneficio.

Sospechas sobre beneficios otorgados en forma irregular

Según fuentes del Ministerio de Salud, existen causas judiciales en trámite en provincias como Chaco y Salta, donde se investiga la entrega masiva de pensiones durante actos políticos en el gobierno de Alberto Fernández. La hipótesis indica que podrían haberse otorgado hasta mil pensiones por discapacidad en forma irregular, lo que equivaldría a unos 300 millones de pesos mensuales.

Desde la ANDIS aseguran que la auditoría busca garantizar que los recursos lleguen a quienes realmente los necesitan, asegurando transparencia y equidad en la distribución de los beneficios.