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La jueza Capuchetti avanza en la causa residual: apuntan a fallas graves en la seguridad
La jueza federal Eugenia Capuchetti ordenará nuevas medidas de prueba en la causa que investiga las responsabilidades aún no esclarecidas en el intento de asesinato contra Cristina Fernández de Kirchner, ocurrido el 1º de septiembre de 2022. La decisión llega luego de una declaración espontánea del diputado del PRO Gerardo Milman, quien denunció “diez errores” cometidos por la Policía Federal Argentina (PFA) y la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA).
La Gendarmería investiga a otras fuerzas
Capuchetti, que instruye la causa residual para determinar si existieron autores intelectuales del atentado y el posible involucramiento de agentes del Estado, dispuso que sea la Gendarmería Nacional la que investigue las actuaciones de la PFA, la PSA y la Dirección de Inteligencia Criminal del gobierno de Alberto Fernández.
Mientras tanto, los autores materiales del ataque —Fernando Sabag Montiel, Brenda Uliarte y Fernando Carrizo, conocidos como la banda de "los copitos"— están siendo juzgados en un juicio oral.
El celular de Sabag y pruebas clave perdidas
El Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU. (Homeland Security) informó que no pudo desbloquear el celular de Sabag Montiel. Ante esta dificultad, la jueza consultará con expertos locales para intentar un tercer intento de recuperación de datos en Argentina.
En paralelo, se investiga la destrucción de pruebas. Un técnico de la Policía Federal habría dañado el celular al intentar abrirlo. Luego, la PSA lo restauró a valores de fábrica, lo que hizo desaparecer evidencia crítica sobre los contactos y posibles vínculos de Sabag.
El papel de la custodia y los fallos operativos
Según Milman, el jefe de custodia de Cristina, comisario Diego Carbone, no estuvo presente el día del atentado porque viajó a Brasil y se lesionó la mano, por lo que pidió licencia médica el mismo 1° de septiembre. Esto dejó descabezado el operativo de seguridad, que ya estaba tensionado por la fuerte presencia de militantes en el domicilio de la ex presidenta tras el pedido de 12 años de prisión en la causa Vialidad.
Además, Milman señaló que la custodia violó los protocolos tras el ataque, permitiendo que Cristina siguiera firmando autógrafos en lugar de retirarla de inmediato. Aseguró también que la custodia intentó borrar un video clave, grabado por el militante Cristóbal Elgueta, que mostraba el momento en que Sabag Montiel apuntó a la cabeza de la vicepresidenta.
Polémica sobre la jurisdicción y la intervención de otras fuerzas
Previo al atentado, el juez porteño Roberto Gallardo, alineado con el kirchnerismo, ordenó retirar cámaras de seguridad colocadas por la Policía de la Ciudad y dispuso que los alrededores del domicilio de Cristina pasaran a jurisdicción federal, quedando bajo responsabilidad de la PFA.
Sin embargo, tras el ataque, Sabag Montiel no fue detenido por la PFA sino por militantes de La Cámpora. Luego logró escapar y fue finalmente capturado por la Policía de la Ciudad, fuera del perímetro de seguridad dispuesto por Gallardo.
Por otro lado, Brenda Uliarte también evadió el operativo y fue vista en el barrio de Barracas, donde dos agentes federales la dejaron escapar. Fue detenida dos días después en la estación de trenes de Palermo.
La crítica al Gobierno y a Aníbal Fernández
Milman responsabilizó directamente al entonces ministro de Seguridad Aníbal Fernández y cuestionó duramente la respuesta oficial. “Si Sabag hubiera tenido otra pistola, como una calibre 22 de doble acción, Cristina estaría muerta. No fue el accionar policial lo que evitó la tragedia, sino un caso fortuito”, expresó.
Además, cuestionó que no se hayan sancionado ni investigado a fondo a los funcionarios y agentes responsables. Solo dos policías recibieron cinco días de arresto domiciliario.
Patricia Bullrich, actual ministra de Seguridad, reabrió los sumarios, aunque todavía no se resolvió ninguna responsabilidad concreta.
Desconfianza sobre la pista Milman y las acusaciones cruzadas
La pista que vinculaba a Milman con el atentado, impulsada por la propia Cristina y su entorno, se debilitó luego de que el fiscal Eduardo Taiano solicitara la indagatoria del testigo Jorge Abello por falso testimonio. Abello había acusado al diputado de conocer el atentado con antelación, pero las pruebas no respaldaron su relato.
Milman pidió su sobreseimiento y sostuvo: “Si hubo autores intelectuales, no los busquen acá. Que el juzgado cite a los funcionarios, ex presidentes y abogados que han hecho afirmaciones públicas y que aporten la información que tienen”.
El tuit borrado de Dalbón y la aparición de Mena
Otra polémica se generó cuando Gregorio Dalbón, abogado de Cristina, escribió en X: "Mi olfato me dice que el enemigo es tropa propia". Aunque luego borró el mensaje, este fue interpretado como una señal de fracturas internas en el círculo cercano de la ex mandataria.
Por su parte, Martín Mena, ex número dos de la AFI y actual ministro de Justicia bonaerense, se presentó en el juzgado con el celular de Sabag sin acta de secuestro, en lo que Milman denunció como una grave irregularidad.
GENERAL JUAN MADARIAGA El Tiempo
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