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Desde hace más de un año se presenta un problema muy grave
para los afiliados del PAMI: de la noche a la mañana el sistema les marca que
no se pueden atender en el Hospital Municipal y pasan al Instituto Médico
Madariaguense de manera compulsiva. Esto genera diversos problemas: por un lado
los abuelos pierden el seguimiento de un tratamiento porque el médico o profesional
que los atiendo no trabaja para el privado y, por el otro, hay diversas
denuncias por la falta de especialistas y la calidad del servicio que brinda la
clínica céntrica que tiene una infraestructura muy acostada. Además, el
municipio pierde millones de pesos porque el PAMI paga por la cantidad de
personas que capitan (tienen posibilidad de atenderse) en el centro de salud
municipal.
Los cambios son compulsivos, los afectados pueden ir a la
oficina del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y
Pensionados y pedir el cambio de nuevo hacia el Hospital pero pasadas las
semanas vuelven a traspasarlos sin aviso. Sólo el municipio se da cuenta de los
traspasos masivos al verlos en una pantalla.
El pasado viernes, el intendente Esteban Santoro, acompañado
por el secretario de Salud, Amadeo Echeverría; el responsable de facturación
del hospital, Gonzalo Costa; y el asesor legal externo, Leandro Alonso, se
trasladó a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para mantener una importante
reunión con Javier Arzubi Calvo, titular de la Unidad Fiscal para la
Investigación de Delitos cometidos en el ámbito del Instituto Nacional de
Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI) y su Programa de
Atención Médica Integral (UFI-PAMI). Este organismo tiene como función
principal recibir y analizar denuncias vinculadas a posibles delitos cometidos
dentro del ámbito de actuación de dicha obra social.
La reunión, solicitada con anticipación, tuvo como objetivo
exponer en persona las irregularidades detectadas por el Municipio de General
Madariaga y que ya fueron denunciadas penalmente el pasado 19 de mayo. En la
presentación se detalló que, desde el año 2021, el PAMI ha trasladado de forma
arbitraria y sin previo aviso la atención médica de sus afiliados del Hospital
Municipal al Instituto Médico Madariaguense, una clínica privada. Esta decisión
no solo ha generado un impacto económico negativo en las finanzas municipales,
sino que, lo más grave, ha comprometido la calidad de atención médica de muchos
adultos mayores de la ciudad.
Una de las principales pruebas presentadas en la denuncia es
el notable aumento en la cantidad de internaciones en el Hospital Municipal, a
pesar de que actualmente solo cuenta con menos de un tercio de la cápita total.
Esta desproporción pone en evidencia una gestión desequilibrada del sistema de
atención.
Esta situación ya había ocurrido anteriormente en dos
ocasiones recientes: en diciembre de 2024 y en abril de 2025, cuando nuevamente
se cambió a los afiliados de PAMI de manera unilateral, afectando su derecho
básico a elegir dónde atenderse. La medida, según denuncian desde el Municipio,
fue tomada sin contemplar la voluntad de los jubilados ni la calidad del
servicio que venían recibiendo en el hospital público.
Cabe resaltar que la gran mayoría de los afiliados en
Madariaga expresan su preferencia por el Hospital Municipal. Cada vez que se
han producido estas reasignaciones forzadas, los vecinos afectados han
manifestado su malestar a través de presentaciones escritas, trámites
administrativos y largas esperas para intentar revertir la situación y volver a
formar parte de la cápita municipal.
Lo más preocupante es que se detectó un patrón llamativo en
la reasignación de afiliados: aquellos que requieren tratamientos más complejos
suelen permanecer en la cápita municipal, mientras que los pacientes con
tratamientos simples aparecen registrados en la clínica privada. Esta conducta
alimenta las sospechas de una posible maniobra fraudulenta entre funcionarios
del PAMI y el prestador privado, orientada al beneficio económico de este
último.
Por estos motivos, se presentó la correspondiente denuncia
penal (adjuntando documentación respaldatoria), solicitando una investigación
formal que permita esclarecer los hechos y determinar responsabilidades. Hasta
el momento, General Madariaga es el primer municipio en avanzar judicialmente
contra este tipo de prácticas por parte del PAMI.
Finalmente, se destacó el silencio por parte de los sectores
de la oposición local ante esta problemática, que afecta directamente la salud
y los derechos de los adultos mayores de la comunidad. Desde el Ejecutivo
municipal remarcan que la defensa del sistema público de salud y de la libertad
de elección de los afiliados debe ser una prioridad compartida por todos los
espacios políticos.
GENERAL JUAN MADARIAGA El Tiempo
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