“Acá no hay ingenuidad, hay direccionamiento para beneficiar a un privado”, dijo el asesor legal del Municipio por el conflicto con PAMI

El escándalo por el traslado arbitrario de afiliados del PAMI del Hospital Municipal de General Madariaga hacia una clínica privada sigue sumando capítulos. Esta vez, quien tomó la palabra fue el asesor legal del municipio, Leandro Alonso, quien en declaraciones a CNM 93.3 expresó con contundencia la gravedad del caso: “Se está jugando con la salud de nuestros abuelos y abuelas. Esto es mucho más grave que un acto de corrupción vinculado a una obra pública”.

En la entrevista, Alonso destacó el compromiso del intendente Esteban Santoro, quien el viernes pasado se presentó ante la fiscalía federal especializada (UFI-PAMI) en la Ciudad de Buenos Aires. Allí, junto a funcionarios municipales, expuso las maniobras que el municipio denuncia desde hace tiempo: el traspaso sistemático e injustificado de miles de afiliados al sistema privado, a espaldas de los propios beneficiarios.

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Estoy orgulloso de haber trabajado en este tema y de que el intendente haya tomado esta bandera. Su presencia fue trascendental, porque habilita que la causa avance con más fuerza”, indicó el abogado. “Desde el municipio dejamos en claro que acá no hay ingenuidad. Un empleado no cambia 8.000 cápitas por error. Esto tiene un propósito: beneficiar a un privado en perjuicio de los jubilados de toda la región”.

El trasfondo de la denuncia

El conflicto, que ya fue judicializado por el municipio, gira en torno al accionar del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI), que desde 2021 comenzó a trasladar afiliados del sistema público de salud al privado sin previo aviso. La situación se repitió en diciembre de 2024 y en abril de este año, generando malestar en la comunidad y un fuerte impacto económico en el Hospital Municipal.

“Hay una limitación semestral que establece cómo deben hacerse los traspasos. Pero aquí, de forma arbitraria, se vulneraron esos plazos. En algunos casos, afiliados que habían vuelto al hospital público fueron derivados nuevamente al privado en tan solo tres meses. Es un acto ilegal, porque las decisiones las tomaban directamente desde PAMI sin consentimiento”, denunció Alonso.

Además, se advirtió sobre un patrón sospechoso: los pacientes que requieren atención compleja suelen quedar en el sistema municipal, mientras que aquellos con necesidades básicas son derivados a la clínica privada. “¿Cuál es el sentido de que un paciente de Villa Gesell sea internado en Madariaga cuando en su ciudad hay guardia? Esto no es un simple cambio de prestadores, acá hay algo mucho más serio”, advirtió el letrado, y no descartó que el caso pueda encuadrarse en una posible asociación ilícita.

“Buscamos un mayor compromiso con el bien común”

Según explicó el asesor legal, hay alrededor de 8.000 cápitas involucradas entre Madariaga y municipios vecinos, lo que extiende el alcance del problema más allá del distrito. “No es exclusivo de Madariaga. Esperamos que esta semana se formalice la adhesión de la Fiscalía en Dolores o Mar del Plata para sumar más pruebas y avanzar con la investigación”, señaló.

Asimismo, hizo hincapié en la necesidad de un mayor acompañamiento político y social: “Es lamentable no ver a la oposición involucrarse en un tema tan sensible. Estamos hablando del mayor compromiso con el bien común: que nuestros abuelos tengan garantizado su derecho a una salud digna”.

El municipio anticipó que seguirá aportando documentación y testimonios, y recordó que cada afiliado afectado puede también impulsar su propia denuncia. “La causa ya está activa, y lo importante es que se sumen más datos para llegar al fondo. El sistema de salud público de Madariaga es de excelencia, y no vamos a permitir que se lo dañe por intereses ajenos a la comunidad”, concluyó Alonso.