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Persecuciones, grabaciones sin permiso y privación ilegítima de la libertad son sólo algunas de las acusaciones que recaen sobre un policía retirado que es apuntado por sus vecinos.

Los habitantes de un edificio ubicado en el corazón del barrio Los Andes (Teodoro Bronzini al 2000) denuncian el acoso y el hostigamiento por parte de un propietario que aduce ser el dueño de consorcio.

"Todo comenzó hace cuatro años cuando, sin razón alguna, este hombre empezó a perseguir y acosar a las mujeres y niños. Suele ser violencia verbal o situaciones inquietantes, como seguirte cuando salís a trabajar o grabarte con su celular", contó Moira, una de las víctimas al sitio 0223.

Los hechos escalaron y muchas mujeres debieron abandonar sus hogares. "En mi caso, ya realicé dos denuncias pero no pasó nada. A otras vecinas les dijeron que si la situación no llega a mayores, no hay mucho por hacer. La realidad es que es abrumador e inquietantes tener que vivir así en tu propia casa", reconoció la joven.

Si bien aseguran que "es imposible tener un diálogo", han podido averiguar que se trata de un expolicía que se encuentra retirado de las fuerzas por razones psiquiátricas. Al ser propietario de un departamento, la restricción de acercamiento se complica, por lo que la respuesta para las vecinas fue trabajar en una orden judicial que aún no prosperó.

Para sorpresa de pocos, el panorama se agravó en los últimos días cuando el hombre tomó atribuciones que no le corresponden y dejó a todo el edificio sin agua.

"Él se autoproclamó dueño del consorcio pero la verdad es que no hay ningún acuerdo, no hay tal autoridad. Inesperadamente dijo que había que cambiar la cisterna y cortó el agua sin poner un tanque anexo. Ante estas altas temperaturas, tenemos bebés, adultos mayores y hasta gente con cáncer sin este servicio básico", reclamó Moira.

El enojo y la desesperación de todos los llevó a reunirse y hacer visible la situación, ante la que no encuentran respuesta gubernamental. El encuentro entre los vecinos encolerizó más al sujeto quien tomó una decisión todavía más polémica.

"Dijo que le robaron y llamó a un cerrajero para cambiar la entrada de su casa, pero amenazó con hacer lo mismo en la cerradura de todo el edificio. Eso es una privación ilegítima de la libertad, no vamos a poder entrar o salir... sinceramente es una locura" aseguró la mujer.

Las nueve familias que habitan allí no encuentran solución. "Vivimos con miedo. No sabemos si tiene armas o qué es lo próximo que va a hacer. No podemos más", expresó la denunciante.