Productores agropecuarios del partido
bonaerense de Chascomús denuncian que grupos organizados de personas arriban de
distintos lugares del país para realizar en sus campos carreras de galgos y
caza furtiva de animales autóctonos. Aunque fueron muchos sus pedidos a las
autoridades municipales y provinciales para que tomen cartas en el asunto, no
tuvieron aun respuesta positiva.
Uno de los perjudicados es Manuel
Anchorena, que tiene su establecimiento en el paraje La Corona, ubicado en el
cuartel X del distrito, a unos 50 kilómetros de la ciudad, por camino de
tierra. “Esta zona es una de las más afectadas del partido. Son personas que
organizan estos tours de carreras/cacerías a través de las redes sociales.
Trasladan a quienes pagan el servicio en combis, autos o camionetas
particulares hacia las zonas rurales donde existen menos controles. Es una
organización ilícita que lucra en nuestros campos”, dijo el
productor.
La semana pasada, Anchorena realizó una
denuncia luego de que su madre se encontrara en el guardapatio de su casa en el
campo a un hombre que le exigía que le entregue el tractor para sacar a su auto
que se había quedado empantanado en el camino.
“Esto viene de hace años pero se acentuó de
manera impresionante con la pandemia, cuando la policía estaba destinada a
vigilar la circulación de las personas y los cazadores aprovecharon la
situación. Hoy se fue de las manos. Es un descontrol que no se puede parar”,
añadió.
Según contó, todo comenzó luego de que la
ley 27.330 prohibiera de 2016 las carreras de galgos en zonas urbanas y
castigue con hasta cuatro años de cárcel y multas a quien realice, promueva u
organice la actividad.
Esto llevó a que esa práctica pase a la clandestinidad
en zonas rurales, de difícil control para las fuerzas de seguridad. El
productor relató que se realizan carreras de yuntas, de a dos perros, donde
además del maltrato que recibe cada animal los traen escondidos y encerrados en
los baúles de los autos o en las cajas de las camionetas, durante muchas horas
de viaje.
Ante una consulta, en el municipio dijeron
que no se tiene conocimiento que haya carreras de galgos en el partido. “La
existencia de cazadores galgueros es de toda la provincia de Buenos Aires”,
dijo el secretario de Gobierno local, Cipriano Pérez del Cerro.
Tras las denuncias en las redes sociales,
la intendencia se presentará el próximo lunes en la fiscalía para que se
investigue los posibles delitos publicados. Asimismo, Pérez del Cerro informó
que “se está gestionando para que el destacamento La Corona pase a depender del
Comando de Patrullas Rurales (CPR)”.
Sin embargo, el problema no termina ahí,
porque las personas que acuden a los campos también utilizan los perros para
cazar animales salvajes. “Ya no queda fauna autóctona en la zona porque han
matado todo lo que podían: ñandúes, liebres, antílopes, ciervos axis y gama,
entre otras especies. Muchos de estos animales están en peligro de extinción”,
indicó.
En este sentido, explicó que a los perros
que “no les sirven más” porque no cazan o se estropean en la carrera, los
abandonan en el campo. “Llevaron su negocio a los campos, donde nadie los
controla y los que vivimos allí nos convertimos en los principales damnificados
junto con los perros. El galgo que no caza o no mata a un animal salvaje, no
sirve, por lo tanto lo dejan tirado en nuestros campos. Muchos están heridos y
flacos y somos nosotros quienes tenemos que rescatarlos y llevarlos a curar al
pueblo”, afirmó.
A todo esto, y como parte de la solución,
uno de los productores damnificados cedió en comodato una fracción de su lote
para que ahí se instale un destacamento de la policía. “El principal problema
que tenemos es que nuestra zona figura como paraje, por lo que dependemos de la
policía comunal y no de la patrulla rural. Se construyó un destacamento que
está sin ningún policía que controle y, solo cuando la cosa se pone seria, hay
alguien allí”, describió.
Aun así, muchas veces la patrulla rural se
hace presente cuando la llaman y actúa en consecuencia. “La mayoría de la gente
que detienen tiene antecedentes penales. Además de no respetar la propiedad
privada y meterse en los campos, rompen los alambrados y las tranqueras, matan
y se van, sin que nadie haga nada. Son violentos y peligrosos. Encima, si los
denunciamos nos amenazan, nos prenden fuego los campos, nos rompen silobolsas y
nos balean la hacienda”, remarcó.
Con todas las vías agotadas para encontrar
una solución, los productores se contactaron con la ONG Proyecto Galgo Argentina
para que los ayuden con la problemática creciente. La asociación brindó apoyo y
busca avanzar con denuncias públicas.
Mariana Reinke para La Nación.
GENERAL JUAN MADARIAGA El Tiempo
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