El confinamiento del último año llevó a que la movilidad
sea reducida y que, con el afloraran o se originaran reyertas vecinales o
conflictos hogareños que han mantenido ocupadas a las autoridades policiales,
municipales y judiciales.
Por semana, en promedio, se reciben entre 4 y 6 denuncias
nuevas que deben ser derivadas, según el contenido de lo expresado por el
denunciante, a áreas como Inspección, Juzgado de Paz o la Fiscalía local.
Problemas por recurrentes ruidos molestos y violencia de
género son los más comunes con los que deben lidiar las autoridades.
Los hechos más graves se comenzaron a conocer en las
últimas semanas en donde se investigan abusos sexuales y se produjo un
femicidio seguido de suicidio.
A tal punto se ha llegado con la cantidad de
restricciones impuestas que el municipio hace algunos meses agotó su cupo de
1.000 botones anti-pánico que fueron contratados en 2016 a una empresa a la que
se le debe abonar mensualmente. Por eso, debieron incrementarlo a 1.500; lo que
representa casi un 6% de la ciudadanía con este dispositivo para advertir de
posibles faltas o hechos que ponen en peligrosidad a terceros.
Claro que no todos son por violencia de género. Hay
instituciones, serenos, comerciantes de distintos barrios que poseen el botón
en sus teléfonos celulares como un mecanismo más de contacto en caso de
emergencia.
Mujeres han sido desplazadas o amenazadas aunque también
existen hombres que se han animado a denunciar a sus parejas por atosigamiento
o ataques.
La otra pandemia, como se la conoce, no tiene límites y de
poco sirven, de momento, todas las leyes y oficinas gubernamentales intermedias
para interceder, aplacar y calmar los problemas.
GENERAL JUAN MADARIAGA El Tiempo
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