No solo porque nuevamente puso al descubierto varias de las prácticas de corrupción que se habrían instrumentado durante el kirchnerismo, sino también porque involucra seriamente a las actuales autoridades de la obra social cuyo directorio es encabezado desde diciembre pasado por Sergio Daniel Cassinotti, ex-CEO de la Cámara Argentina de Droguerías.
En rigor, los auditores afirman en su demanda que los fondos de la obra social hacia la campaña sciolista se habrían canalizado mediante “falsos aportes”, que provendrían de los múltiples bolsillos de los trabajadores de IOMA. Concretamente, se trataría de “fondos provinciales que tras ser blanqueados administrativamente se desviaban a la caja del equipo de campaña del exgobernador. Paradójicamente, mientras esto ocurría no se pagaban en tiempo y forma las prestaciones a los laboratorios, como así tampoco las drogas oncológicas que necesitaban los afiliados del IOMA”. En ese sentido, los profesionales aportaron pruebas de una serie de empresas de internación domiciliaria, investigadas de haber cobrado sumas millonarias por servicios que nunca se habrían prestado, y que habrían servido como fuente de financiación. Los titulares de estas sociedades, que en muchos casos serían empresas fantasmas, aparecen como aportantes de la campaña K.
Todo sigue igual
Los auditores alertan en su presentación judicial que varias de las empresas de internación domiciliaria seguirían cobrando cifras millonarias, pese a que se encuentran siendo investigadas por la Justicia y, en no pocos casos, hasta fueron allanadas. Algunas de las sociedades que están en la mira, y que aparecen en distintas investigaciones sobre presuntas irregularidades con las internaciones domiciliarias, son Hestia SRL, Juntos en Casa SRL, Continuum SRL, Aphatec Buenos Aires, Biokinet, Kinetical y Solariega, entre otras
“Estas irregularidades se han perfeccionado mediante una metodología sistemática, llevada a cabo por los mismos funcionarios que ya se encuentran denunciados en otras causas penales de similar tenor, ante la Unidad Fiscal de Instrucción Nº 8, Departamental, de Asuntos Complejos”, agregaron los denunciantes. Y alertaron sobre una alarmante falta de control que facilitaría que se sigan cometiendo irregularidades.
La presentación judicial incluye nombres y apellidos de presuntos responsables. Concretamente, además de Cassinotti, los denunciantes mencionan al actual titular de la Dirección General de Administración (DGA), Víctor Hugo López Monti, como el supuesto encargado de “mantener la cadena irregular de pagos y acciones favorables para empresarios, empresas y gerenciadoras, suprimiendo todos los controles y auditorías (contables, de gestiones y de terreno) del Estado provincial, para pasar a entregarle esta función de contralor a las auditorías de las empresas y gerenciadoras. Es decir, que auditan los trámites las mismas empresas que luego prestan los servicios. Esto es como poner el gato a cuidar la sardina”.
La demanda en cuestión lleva el número 35309/16 de Instrucción Penal Preparatoria (IPP) y fue presentada por el médico Idelmar Seillant y el contador Jorge Radaelli, quienes se desempeñan como presidente y secretario de Finanzas de la Asociación de Profesionales del IOMA respectivamente. Ambos son auditores de la obra social bonaerense.
GENERAL JUAN MADARIAGA El Tiempo
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