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Oyarbide y Rafecas no irán a juicio político

El Consejo de la Magistratura de la Nación cerró ayer denuncias claves por supuesto mal desempeño de sus funciones que habían sido presentadas contra los jueces federales Daniel Rafecas y Norberto Oyarbide.

Fuentes judiciales informaron que, por un lado, por mayoría y con la abstención de los representantes del radicalismo, el plenario del Consejo cerró por el vencimiento del plazo para tratar las denuncias contra Rafecas por su intercambio de mensajes de WhatsApp con un allegado a los acusados en la causa Ciccone.

En tanto, con los votos del kirchnerismo, el Consejo desestimó enviar a juicio político y sancionar con una multa a Oyarbide por su lujoso anillo de brillantes, mientras que la oposición votó por someter al magistrado a un jury de enjuiciamiento por mal desempeño. Así, el envío a juicio se cayó porque se requieren los dos tercios de los votos.

OTRA DENUNCIA CAIDA

La desestimación contra Oyarbide se dio el mismo día en el que quedó cerrada la denuncia penal contra el juez y el subsecretario Legal de Presidencia, Juan Carlos Liuzzi, ante la suspensión de un allanamiento por presunto lavado de dinero a la financiera “Propyme”.

Se trató de una denuncia que provocó la imputación penal contra Oyarbide y el retiro del magistrado de la escena pública de causas resonantes como las que supo tener, como la “mafia de los medicamentos” y la investigación contra los hermanos Sergio y Pablo Schoklender por la construcción de las viviendas sociales de las Madres de Plaza de Mayo.

Por su parte, Rafecas fue el magistrado que en febrero desestimó por inexistencia de delito la denuncia penal del fallecido fiscal Alberto Nisman contra la presidenta Cristina Fernández por el presunto encubrimiento del atentado a la AMIA.

El Consejo también cerró ayer otra denuncia contra Rafecas por presunto mal desempeño en la desestimación una denuncia penal por la entrega de subsidios al cine en la que estaba involucrado su hermano.

Contra Oyarbide, el plenario trató un pedido de juicio político que en septiembre del año pasado el senador radical Mario Cimadevilla presentó por exhibir un anillo presuntamente valuado en 250 mil dólares y hacer ostentación y afectar el decoro que debe tener todo juez.

El magistrado explicó ante su par Sergio Torres, quien todavía tiene abierta la causa penal, y en el Consejo, que el anillo le costó 7.500 dólares y que lo consiguió en consignación en una joyería de Punta del Este. Una pericia en la causa penal concluyó que la alhaja tiene un valor de entre 60 mil y 70 mil pesos y no figura en la última declaración jurada de Oyarbide.
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