Es que el joven en cuestión se vio involucrado en el supuesto robo de una moto. Sin embargo todo se basó en una imagen de una cámara de seguridad y la declaración de la persona que observó en el COM la secuencia.
Eso, solo eso, le alcanzó al fiscal Walter Mercury para pedir un allanamiento a la Jueza de Paz subrogante, Silvia Guglielmetti.
Pero todo el sistema de investigaciones falló. Terminaron allanando la casa de la abuela del involucrado, el procedimiento dio negativo y la mujer, de más de 80 años, se descompensó.
El caso se mediatizó, la moto apareció, se aclaró un malentendido que existía entre el nuevo dueño del rodado y el anterior y sin embargo el flamante fiscal de nuestra ciudad imputó al chico de 17 años y ordenó notificarlo.
Fue en ese instante que se dio cuenta del error y pidió a la policía que deja la notificación sin efecto.
Ahora la familia exige una disculpa pública y no descarta iniciar acciones legales por violencia institucional.
La carta que María Deluchi envió a los medios:
Habiendo esperado un tiempo prudencial que se realice la aclaración pública de un error también público, es que decido enviar esta solicitada.
El viernes 25 de Abril la DDI local, por orden de la Doctora Silvia A. Guglielmetti, Juez de Paz Letrado Subrogante, realizó un allanamiento en la casa de la abuela de mi hijo menor de edad. Este operativo que incluyó cuatro patrulleros para encontrar una moto sustraída del Hospital Municipal el domingo anterior, fue pedido a la jueza antes mencionada por el Fiscal Walter Mercuri. ¡Cuatro patrulleros para la casa de una jubilada!
Ante lo sucedido, me dirigí esa misma noche a la Comisaría Local junto a mi esposo, tutor del menor. Fuimos atendidos por el Comisario Gómez quien nos explicó que las sospechas que alentaron el pedido de allanar dicha vivienda provenían de una “identificación, por parte de los funcionarios del COM, en las cámaras de seguridad donde se veía al sujeto que sustraía la moto”. Según nos explicó amablemente el comisario, el sujeto había sido identificado como mi hijo menor de edad. Nos relató el hecho tomado por las cámaras y la vestimenta del sujeto...Nada coincidía con la posibilidad de que se tratara de mi hijo, así lo manifestamos y nos retiramos.
Averiguamos quién era el damnificado y nos contactamos con él, pues por redes sociales se le había hecho saber a mi hijo que éste último “lo andaba buscando”. Quisimos hablar con él para proteger la integridad física del menor. Así fue que supimos, por el propio damnificado que, el parecido de mi hijo con quien se veía en las cámaras, era real. También nos percatamos que “alguien vinculado a la investigación” le había proveído el nombre de mi hijo al damnificado, por lo cual entendemos que se lo desprotegió totalmente. ¿Violencia institucional, tal vez?
El día lunes me presento en la Fiscalía para cerciorarme de las acusaciones sobre mi hijo. No sabíamos si estaba imputado, mencionado, sospechado o cual era su situación. Lamentablemente el Fiscal no me atendió y solo conseguimos el número de causa y el teléfono de la Defensoría sita en Pinamar. Ante esta sensación de desprotección y falta de respuestas, hice lo que muchos ciudadanos terminan haciendo ante la falta de respuestas: acudir a un medio de comunicación. Sentía que esa era la única protección de la que nos podíamos hacer hasta tanto “aprendiéramos” a dar los pasos legales correspondientes y pudiéramos limpiar el nombre de nuestro hijo, su abuela y nuestra familia. El mismo lunes, el Comisario Alday se presentó en mi domicilio para ponerse a disposición y asumiendo que “cabía la posibilidad de una confusión” (claro ya había dado negativo el allanamiento y un procedimiento realizado en un baldío frente a mi casa). Muy amablemente se puso a disposición y se retiró.
Mientras el martes estábamos en Pinamar siendo muy bien atendidos y asesorados por los letrados de la Defensoría, estaban trayendo a nuestra casa la notificación de la imputación sobre nuestro hijo. Una imputación basada en el “juego de los parecidos y de los dimes y diretes”. Al llegar a nuestra casa, el Sub Comisario Islas y su acompañante, se enteraron que el imputado era un menor de edad y tuvieron que informárselo al Fiscal que tampoco lo sabía, pero les informó que la notificación quedaba sin efecto. La DDI en todo momento actuó como auxiliar de justicia y no participó de la investigación.
Recién, alrededor de las 17 horas, supimos “por la radio” que había aparecido la moto y quien la había sustraído. Aunque esto se sabía desde media mañana, no se les había notificado a estos efectivos de la DDI que debían dejar sin efecto la diligencia y, lo que es peor, no se nos había hecho saber a nosotros, quiénes de sospechados pasamos a ser comprobadas víctimas de “un error”. El mismo Mercuri aceptó ante mí que era un papelón lo que había sucedido ya que fui yo quien se acercó hasta la Fiscalía el día miércoles.
Pasado todo este “error” judicial, policial y de la Secretaría de Seguridad (por el/los funcionarios del COM), aún estamos esperando que el bochorno público que se le causó a una familia completa, sea aclarado también públicamente. En la medida en que esto no se hace, nuevamente nos sentimos violentados por las instituciones. Necesitamos confiar en quiénes nos cuidan en lugar de defendernos de ellos.
Nosotros estamos obligados moralmente a perdonar un error y consideramos que cualquiera se puede equivocar, pero es de hombría de bien reconocerlo, sobre todo tratándose de funcionarios y auxiliares de la justicia.
Nos quedamos reflexionando en lo que todavía podríamos estar padeciendo si no hubiéramos acudido a los medios de comunicación y quien sustrajo la moto no hubiera tenido la buena actitud de aparecer y hacerse cargo... Qué hubiera pasado, me pregunto, por un parecido y unos cuantos chismes.
María Inés Deluchi
DNI 26.098.837
GENERAL JUAN MADARIAGA El Tiempo
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